La quema de la embajada es una de las peores crisis que vivió Guatemala en el contexto del enfrentamiento armado. Durante el mes de enero de 1980, varias delegaciones indígenas llegaron a la capital para denunciar la persecución de los líderes rurales por parte del ejército. Se referían a que, en el área de San Miguel Uspantán ―Quiché―, el ejército había capturado y asesinado a 7 personas. Las delegaciones fueron recibidas y apoyadas por estudiantes universitarios y líderes sindicales. El 22 de enero, otra delegación de representantes indígenas fue recibida por FASGUA, quien organizó una conferencia de prensa. En ella, los líderes indígenas pidieron al presidente Lucas García el «retiro del Ejército de sus zonas y [que] por piedad terminara con la represión, la tortura, el secuestro y la violación de menores» (ASIES s. f., 595).

Además de la conferencia de prensa, los campesinos asistieron a un acto en la Escuela Normal para Varones, en donde denunciaron la represión que estaban sufriendo las comunidades de San Juan Cotzal, Chajul, Uspantán y Nebaj, negando la existencia de vínculos con la guerrilla. El grupo siguió en los días posteriores con sus visitas a sedes sindicales, colegios privados y aulas universitarias, «llegando a tomar dos radiodifusoras y ocupar las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA) para divulgar sus denuncias y demandas, puesto que las autoridades se negaban a recibirlos» (ASIES s. f., 596). En el caso de la OEA, la oficina permaneció cerrada y se recibieron los documentos de denuncia por una ventanilla.

El día 31 de enero, un grupo de personas con el rosto cubierto con pañuelos mitad rojo y mitad negro con una estrella blanca en el centro —alusión clara al FSLN de Nicaragua— entró en la Embajada de España en Guatemala:

• diecinueve campesinos —de los cuales tres eran mujeres— miembros del CUC y acompañados por un obrero de la FTG, Felipe Antonio García Rac; 
• un representante del movimiento de pobladores, Trinidad Gómez Hernández; 
• y cuatro miembros del FERG: Luis Antonio Ramírez Paz, Leopoldo Pineda Pedroza, Sonia Magaly Welchez Valdéz y Rodolfo Negreros Straube.

Tras ellos, cerraron las puertas y tomaron el edificio. En ese momento, dentro se encontraban —además del personal diplomático— Eduardo Cáceres Lehnhoff, exvicepresidente de la República; Adolfo Molina Orantes, excanciller; y el doctor Mario Aguirre Godoy. Todos ellos habían sido citados ese día por el embajador español. Los siguientes minutos los relatan los investigadores de ASIES (s. f.) de esta manera:

Usando un altavoz, los campesinos indicaron que habían decidido tomar la representación diplomática como acto de protesta contra la represión que sufrían los campesinos en El Quiché, exigiendo el retiro de las unidades del ejército para que no sigan cometiendo los abusos contra la población. (596-597)

El pronunciamiento se realizó en español, mam e ixil, según reportaron los diarios de la época.

Mucho se ha hablado de la toma pacífica del lugar; sin embargo, si se retuvo contra su voluntad a las personas que se encontraban de visita con el embajador Máximo Cajal y López, el personal administrativo de la sede diplomática o los que estaban haciendo trámites en ella, este argumento se debilita considerablemente. Adicionalmente, la presencia de los estudiantes del FERG —agrupación de choque vinculada al EGP— armados con revólveres y los mismos campesinos pertenecientes al CUC —organización de masas del EGP— hacían flaco favor a una interpretación pacífica de la acción. A esto hay que sumar que llevaron a la sede diplomática cócteles molotov y bombas hechizas inestables.

Los hechos se sucedieron con fatídica rapidez, dada la dura posición del Gobierno de no atender a los denunciantes y de no negociar con ellos: «En una acción relámpago, se posesionaron de las instalaciones de la embajada y, después del discurso, se ubicaron estratégicamente en distintas partes del edificio, principalmente en la azotea, desde donde observaban los movimientos de la fuerza pública que en gran cantidad se hizo presente momentos después de la ocupación» (ASIES s. f., 597).

El historiador Jorge Luján Muñoz (2007) da el contexto de la toma de la embajada en un interesante volumen en el que recoge todas las versiones:

En 1978 la guerrilla había multiplicado sus frentes (rurales y urbanos) así como la audacia de sus acciones. El gobierno trataba de reaccionar y sus posiciones se hacían cada vez más extremadas. El Ejército parecía desbordado y los guerrilleros veían el triunfo cercano y hablaban de una «ofensiva final». Durante el año siguiente continuó «endureciéndose» la reacción gubernamental y su estrategia general «contra la subversión», que en realidad fue no sólo contra ésta sino hacia todo lo que percibía como oposición o crítica. En ese sentido, hay que recordar que a mediados de 1979 es derrocada la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua, por el Ejército Sandinista, y posteriormente ocurrió un golpe de Estado de militares jóvenes en El Salvador; ambos hechos causaron hondo impacto en el Ejército guatemalteco. (1)

Gustavo Adolfo Molina Sierra, hijo de Adolfo Molina Orantes, uno de los muertos en el incendio de la embajada y testigo externo de los hechos, afirma en una carta dirigida al historiador Luján Muñoz (2007), como parte de las pesquisas de su libro:

el embajador estaba anuente a prestar su Embajada al grupo de guerrilleros y campesinos, con la intención de participar heroicamente como mediador, entre ellos y las autoridades de Gobierno, logrando así, destacar en sus funciones diplomáticas ganando notoriedad pública, además que era muy bien sabido de sus inclinaciones ideológicas de izquierda [...] Mi testimonio, como el de los que estuvimos presentes en los hechos como observadores, es que el fuego surgió de adentro de la habitación en que se encontraban atrincherados los guerrilleros con los rehenes y campesinos, inmediatamente después de escucharse y verse a través de los vidrios, disparos de arma de fuego. Efectivamente, tal como lo demuestra el certificado de defunción de mi padre, él fue alcanzado por dos proyectiles de arma de fuego. (107)

Según versiones posteriores, recabadas por Luján Muñoz (2007), el embajador Cajal trató de comunicarse con el ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, y con el ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Castillo Valdéz; pero se negaron a atenderlo, cerrándose a la posibilidad de entrar en negociaciones. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, citada por Luján (2007), el ministro de Gobernación informó de la situación al presidente Lucas García, quien ordenó que sacaran a los ocupantes de la embajada «a como dé lugar». Esta misma orden se trasladó al director de la Policía, el coronel Chupina, y de esta al tercer jefe de la Policía, el coronel Haroldo Paniagua, quien sería el encargado de coordinar el asalto.

A los quince minutos de hacerse pública la toma de la Embajada de España, llegaron al lugar las primeras unidades de policía. Expone Molina Sierra (2019): «A eso de las 13.00 pm el embajador salió a la terraza de donde colgaban las mantas. Escoltado por los invasores y megáfono en mano se dirigió a las fuerzas de seguridad que rodeaban el edificio y les pidió que respetaran la embajada como sede diplomática. Intentó disuadirlos de ingresar el edificio, como intentaban, y les advirtió expresamente que él no lo autorizaba» (49).

Con la presencia policial desplegando sus fuerzas para rodear la sede diplomática, los hechos se precipitaron. El Gobierno se negó a hablar con el embajador español y uno de los ocupantes de la sede diplomática gritó por el megáfono de forma nerviosa, pidiendo a la policía que se retirara. «El propio embajador hizo lo mismo en dos ocasiones, sin que sus exigencias encontraran eco. Unos 300 hombres pertenecientes al Cuerpo de Detectives (Policía judicial), el Comando Seis (SWAT), la G-2 y la Policía Nacional irrumpieron por el jardín y la planta baja, y subieron al piso superior esgrimiendo ametralladoras, fusiles, revólveres y pistolas» (Luján 2007, 161).

Los ocupantes, con sus rehenes, se refugiaron en el segundo nivel del inmueble y se parapetaron tras muebles en el despacho del embajador. Sobre la torpeza del ataque policial en los siguientes minutos, narra Molina Sierra (2019): «A las 14.00 pm, los policías que se encontraban ya en control del primer nivel empezaron a trepar por los balcones hacia la terraza. Empleando piedras y piochas rompían la puerta y las ventanas de la habitación contigua a la de la esquina, [en el segundo nivel, al lado del despacho del embajador], en las que presuntamente se encontraban los ocupantes con sus rehenes» (50). Complementa el informe de la CEH:

Ninguna solicitud de negociación fue atendida por los agentes de seguridad. En el recinto donde se encontraban los 37 ocupantes y rehenes, el embajador continuaba pidiendo a gritos, pegado a la puerta, que se extendieran las peticiones. Cuando pedían un plazo para negociar, la respuesta textual era: «De acuerdo, les damos a ustedes un plazo para negociar: tienen dos minutos». Los rehenes fueron tratados por los policías con la misma dureza que aplicaron a los ocupantes. En un momento determinado el diplomático gritó: «Esta gente está llegando al límite de la desesperación… han sacado cócteles molotov y aquí vamos a morir todos». Los policías contestaron: «pues si nos morimos, morimos todos». (Luján 2007, 172)

Las tensiones llegaron al máximo cuando los agentes trataron de romper la puerta del despacho del embajador, que después informó a su cancillería:

Cuando la puerta estaba prácticamente hecha astillas dieron un empujón final y, en ese momento, algunos de los ocupantes sacaron revólveres o pistolas y tres o cuatro cócteles molotov, un poco antes habían intentado arrojar uno, no había estallado y tiraron una cerilla, que yo apagué con un pie [...] Cuando la puerta se derribó, el sofá y la consola cayeron; todos retrocedimos unos pasos y súbitamente, se produjo una enorme llamarada en la puerta, después vi una leve explosión, como una detonación amortiguada. (Luján 2007, 173)

Ese día murieron quemadas vivas 37 personas. Sobrevivieron el embajador Máximo Cajal y López, el doctor Mario Aguirre Godoy y Gregorio Yujá, uno de los ocupantes.

En la confusión del momento, el embajador Cajal y López logró escapar del edificio de la sede diplomática: «Los ocupantes, que estaban desesperados, lanzaron un cóctel molotov y sonaron unos disparos. Yo era el que estaba más cerca de la puerta y conseguí escaparme de uno de los ocupantes, que me apuntaba con una pistola», declaró por teléfono a una emisora de radio de Bogotá (Luján 2007, 148). Molina Sierra, testigo ocular de los hechos, que observaba desde la calle, apunta lo siguiente:

Entre la conmoción vi salir de la embajada a una persona escoltada por la Policía, era un hombre de barba, en camisa, con quemaduras en las manos. Parecía perturbado al pasar a nuestro lado. Los policías se abrían paso a empujones entre la gente que ya se había amontonado otra vez [...] Los policías introdujeron al hombre en un Pájaro Azul (así apodaban a los buses azules de la policía). (Luján 2007, 52)

En el frenesí, un agente amenazaba con dispararle en la cabeza. En ese momento, la jefa de la Cruz Roja, Odette Arzú, reconoció al embajador y, tras gritarle a los agentes, lo tomó bajo su protección y se lo llevó con ella. Otro de los sobrevivientes, el campesino Gregorio Yujá Xona, fue secuestrado esa misma noche en el hospital en donde se encontraba internado frente a los agentes que lo custodiaban. Su cadáver fue abandonado en las inmediaciones de la Ciudad Universitaria, donde fue enterrado.

El historiador Luján Muñoz (2007) concluye sobre las fatales circunstancias de la toma de la sede diplomática: «Ahora se conoce cómo estaba integrado el grupo de invasores de la Embajada y que fue dirigido por cuatro estudiantes del FERG; así como que el CUC (o si se quiere, algunos de sus dirigentes), desde al menos 1978, participaban con la guerrilla y la lucha subversiva, al lado del EGP; así como la vinculación existente entre el FERG y el EGP. Asimismo, es más que probable que el Ejército de Guatemala y las fuerzas de seguridad del gobierno de Romeo Lucas conocieran esos vínculos, y estaban reaccionando con una estrategia simple y violenta» (236).

Cabe aquí agregar que quien entendió en su momento la postura del Gobierno de Guatemala frente a la toma de la sede diplomática fue el exmilitante del EGP, Gustavo Porras, quien entrevistado por Dina Fernández comentó al respecto: «Todos los miembros del CUC sabían que estaban con el EGP. Por eso creo que lo importante no es preguntarse quién empezó el fuego, sino analizar dos lógicas y dos estrategias enfrentadas. Desde el punto de vista del ejército, la quema de la embajada no fue un caso aislado ni circunstancial. Los militares no se detuvieron ante nada, así fue toda la ofensiva contrainsurgente» (Porras 2008, 34).

Sobre la participación de los indígenas campesinos en la toma de la embajada aún queda mucho por esclarecer. Por ejemplo, David Stoll (2008), durante sus investigaciones en la región de San Miguel Uspantán, tuvo oportunidad de escuchar los testimonios de algunas viudas, que habían participado en la comitiva, pero que no habían ingresado a la sede diplomática. Según Stoll (2008):

una mujer de la expedición dijo que no había entendido su finalidad [de la visita a la capital], pese a que le costó la vida a su marido. Según esta viuda, el viaje se originó en una fiesta nupcial, en la iglesia católica de Uspantán. Dos días después de la ceremonia, la comitiva nupcial se puso en marcha sin revelar objetivo o destino, ni siquiera a ella. «Los señores dijeron que iban a ir a la costa, pero llegaron a la capital». (182)

Ante tal afirmación, Stoll (2008) relata que insistió en preguntarle si alguien le había explicado algo, a lo que la mujer respondió lo siguiente: «“Tal vez a los hombres, pero no a las mujeres” insistió la viuda, “En pueblo San Carlos [la universidad] nos dieron posada. Los estudiantes dieron clases pero en puro castellano, yo no entendía» (182). En ciudad de Guatemala, Stoll (2008) pudo entrevistar a uno de los estudiantes que por entonces acompañó a la delegación campesina durante sus visitas a los sindicatos y universidades, quien le confió lo siguiente:

Es verdad que los líderes no eran indígenas, pero entraron en la Embajada por desesperación. Supongo que los campesinos no entendían dónde pararía todo. Vicente Menchú no era dirigente, era dirigido. Los campesinos actuaron más que nada por euforia, por incitación. (183)

Sobre el mismo tema, el propio embajador, Máximo Cajal, en un informe dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, fechado el 12 de febrero de 1980, afirmó que «parece evidente que los campesinos fueron manipulados por elementos estudiantiles de la Universidad de San Carlos, que sí iban armados y sabían perfectamente lo que querían y a donde iban» (Luján Muñoz 2007, 88).

Según concluyen Stoll y Luján Muñoz, el FERG fue quien llevó la dirección del asunto. Ellos recibieron a las delegaciones campesinas que viajaron en el mes de enero desde el Quiché a la ciudad de Guatemala y los alojaron en los edificios de la Ciudad Universitaria. Un testigo le relató a Stoll (2008) que con los campesinos que tomaron la Embajada de España tuvo un procedimiento similar:

Acomodaron a los campesinos en el tercer piso de un edificio universitario. En el segundo piso, en una sala pequeña, se llevaron a cabo sesiones de estrategia que incluían al FERG y al CUC, pero no a los campesinos de Uspantán. Cuando un estudiante de la Universidad de San Carlos, oriundo del Quiché, pidió permiso para incorporarse a las deliberaciones, los representantes del CUC accedieron, pero no así el FERG. (183)

Al parecer, la actitud con los campesinos de Uspantán es la típica que hasta la fecha se toma con los que se denomina «acarreados»: personas del interior del país que son subidas a buses y llevados a la capital por parte de los «anfitriones» u organizadores para acuerpar manifestaciones a cambio de dinero o comida. Ese enero de 1980, las consecuencias fueron fatales.

Las sospechas se confirmaron durante el juicio, efectuado en el 2014, en contra de Pedro Arredondo, el jefe del Comando Seis, las entonces fuerzas SWAT de la Policía Nacional, que trataron de copar a la fuerza la Embajada de España. Resulta muy interesante el sumario presentado por Adolfo Molina Sierra (2019) en su libro, según el cual Juan José Hurtado Paz y Paz y Víctor Ferrigno, integrante y presidente del FERG, explicaron ante el tribunal:

En una iglesia de Uspantán se reunió el grupo que incluía a aquellos que irían a la capital y entrarían a la Embajada de España [...] la ocupación de la embajada fue planeada y dirigida por Gustavo Meoño Brenner, el director de la Comisión de Trabajo Amplio de Masas (Cotram) del EGP, quien luego dirigió la Fundación Menchú y el Archivo de la Policía Nacional [...] Se trataba de un plan estratégico de propaganda de la insurgencia. Buscaba hacer creer que el ejército atacaba a la población indígena inocente obviando los motivos que provocaba la persecución militar [...] En la Universidad de San Carlos los recibió un grupo de estudiantes miembros del FERG que era el brazo juvenil del EGP [...] También recibieron instrucciones sobre el plan de la toma. Entrarían a la embajada con cuatro estudiantes miembros del EGP. Se separarían en pequeños grupos y se movilizarían en bus para no causar suspicacia. Los escoltarían miembros del FERG. (33-34)

Incluso el entierro de los que murieron en la Embajada de España estuvo rodeado de violencia. Durante la marcha de acompañamiento de los ataúdes, que salió del edificio de la antigua facultad de Medicina, en pleno centro de la ciudad, la policía realizó un cerco compuesto por policías uniformados y de civil que, según testigos, estuvieron provocando a los manifestantes. En algún momento se desató un tiroteo en el que murieron dos estudiantes universitarios (Luján Muñoz 2007, 75). Los dos eran miembros del FERG, identificados como Gustavo Adolfo Hernández, presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina, y Jesús España. La estudiante Liliana Negreros fue capturada por la policía y su cuerpo apareció el 20 de marzo en un cementerio clandestino. Asimismo, la noche del 31 de enero se reportaron en la capital la quema de varios buses, así como ataques en contra de edificios, vehículos y agentes de la policía. Algunas carreteras del interior del país fueron cortadas por barricadas y sembradas de clavos y tachuelas.

Durante la marcha que acompañó a los cuerpos, pasó desapercibido un detalle que rescata la autora Morna Macleod (2011) en su ensayo «¡Que todos se levanten! Rebelión indígena y la Declaración de Iximché»: «La primera manta en idioma maya fue hecha por mí, con la ayuda de Emeterio (Toj) cuando fue el entierro de los compañeros de la Embajada de España, que decía “konojel chuj qastajok”, que decía “vámonos todos a participar a la guerra…” estábamos tratando de meter todos esos elementos ideológicos identitarios, porque considerábamos que era el momento» (451). Los esfuerzos para arrastrar a la población indígena a la guerra quedarían evidenciados días después con la publicación de la Declaración de Iximché en el periódico del EGP.

Una de las acciones de respuesta por los sucesos de la Embajada de España fue el atentado contra el propio ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, ocurrido el 11 de febrero, cuando le dispararon un proyectil teledirigido al vehículo blindado en el que viajaba. Álvarez Ruiz salió ileso.

Otra de las consecuencias del incendio en la Embajada de España fue la marcha del vicepresidente de la República, el licenciado Francisco Villagrán Kramer, quien, tras un largo proceso de reflexión, renunció a su cargo durante una visita a Washington. Desde esta ciudad envió su carta comunicando su abandono del cargo al Congreso de la República, el 1 de septiembre de 1980. Villagrán Kramer, militante histórico del Partido Revolucionario —PR—, había aceptado ser compañero de fórmula del general Lucas gracias, aparentemente, a un pacto de moderación que había logrado un grupo de intelectuales de izquierda.

Según una persona cercana a Villagrán Kramer, que habló con la periodista Mirja Valdés, el pacto era parte de un supuesto proceso de apertura democrática al que se había comprometido el PID y obedecía a que estos intelectuales de izquierda reprobaban la llegada al poder por las armas y mantenían su convicción de la toma del poder por la vía electoral. Anamaría Rodas, entonces asesora de prensa de Villagrán Kramer, les comentó a las periodistas: «A la luz de hoy parece muy ingenuo, pero en aquel momento pactar era una posibilidad de apertura política democrática en Guatemala. Aunque era doloroso este tipo de pactos, había que aprovecharlos» (Valdés de Arias 2006).

La carta de renuncia fue remitida por el funcionario junto a un telegrama dirigido a Lucas, el cual fue publicado al día siguiente en el diario Prensa Libre y rescatado su texto por Valdés. En su parte más importante, este decía: «es preferible mi retiro desde acá [...] exhorto reconsiderar el programa inicial e ideas compartimos originalmente durante la campaña electoral y toma posesión efecto restablecer posibilidades compromiso paz [...] siento he cumplido mi deber hacia la patria y hacia ti como Presidente con honradez, lealtad y patriotismo» (Valdés de Arias 2006). Villagrán Kramer no regresaría a Guatemala hasta cinco años después.