Tras el serranazo, con la llegada de Ramiro de León Carpio a la presidencia, se llevaron a cabo ciertos cambios en la cúpula militar: «Un grupo de militares proclives a la negociación asumieron el control de la institución armada» (Robledo 2009, 82). Tal y como nos lo cuenta Kruijt (2009):

Los jóvenes militares guatemaltecos [...] habían aprendido a no subestimar el costo político derivado de las interminables campañas de contrainsurgencia [...], enredando al país en un conflicto y derramamiento de sangre de manera indefinida. (230)

La experiencia colombiana de combate contra las FARC o el ELN pusieron en evidencia que la visión realista e integradora de los oficiales militares guatemaltecos le evitaron al país el surgimiento y consolidación de peligrosas narcoguerrillas en el territorio nacional. Por otro lado, para la URNG las cosas empeoraron en el escenario internacional, pues su presencia y la de sus columnas guerrilleras en México se complicó. Aunque la comandancia de la URNG negó estar operando militarmente en el país vecino, resultaba más que evidente que la presencia de la guerrilla guatemalteca se volvía cada vez más un asunto incómodo. El Gobierno mexicano enfrió sus relaciones con la comandancia al hacer cambios dentro de los funcionarios que atendían los asuntos regionales, cerrándole las puertas a la URNG.

En el plano nacional, aunque las conversaciones avanzaban a paso muy lento, otros sectores se iban sumando para aclarar cuál sería su situación una vez se firmara la paz. A finales de septiembre de 1993, una delegación de las CPR viajó a la ciudad de Guatemala para exigir al Gobierno un estatuto de población civil no combatiente. El Ejército se oponía a esto, por considerar que estos grupos de campesinos eran el brazo social de la guerrilla y que los planes de regresar a sus lugares de origen eran en realidad una estrategia de las organizaciones revolucionarias para reconstruir su base social.

Ante el reagrupamiento del EGP en el norte de Quiché, el Ejército le planteó al presidente la necesidad de lanzar una ofensiva contrainsurgente en la zona, señalando que los atrasos y las interrupciones en las negociaciones de paz buscaban ganar tiempo para que la URNG reorganizara sus capacidades militares. Sin embargo, la posición del presidente era de duda, pues temía que la población civil volviera a quedar atrapada entre dos fuegos. El presidente terminó cediendo ante la presión del Ejército y autorizó una ofensiva militar para restarle base social a la guerrilla. En paralelo a las operaciones contrainsurgentes, el Gobierno planteó realizar acciones sociales para reconstruir la infraestructura de salud y educación en la zona.

Las negociaciones de paz se reiniciaron el 10 de enero de 1994 en México, tras una larga pausa de ocho meses. El Gobierno y la URNG firmaron el «Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación entre el Gobierno de Guatemala y la URNG». En este, las partes acordaron regresar a la mesa de negociaciones. Esta vez avanzaron de forma razonablemente rápida, pues firmaron en marzo el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y el «Acuerdo de calendario de las negociaciones para una paz firme y duradera». Sin embargo, a pesar de que se avanzaba significativamente, tras bambalinas la URNG desgastaba el proceso e intentaba ralentizarlo.

El 17 de junio de 1994, tras rondas de negociación en Oslo, la URNG y el Gobierno firmaron el Acuerdo para el Reasentamiento de Comunidades Desarraigadas. Este buscaba brindar todas las garantías a los refugiados establecidos en México y a los desplazados internos, para regresar a sus comunidades. Cuatro días después se anunció la creación de una «Comisión de Esclarecimiento Histórico», que se encargaría de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el enfrentamiento armado interno.

Con un atraso de seis meses con respecto al calendario fijado por las partes en marzo de 1994, la ONU remitió a Guatemala una misión especial para establecer la Misión de la ONU para la Verificación de la Situación de Derechos Humanos en Guatemala —MINUGUA—. La misión estaría conformada por 270 funcionarios internacionales.

Acercándose el fin de 1994, se filtraron a los medios de comunicación dos documentos provenientes de la URNG en los que se planteaba la posibilidad de la prolongación de la guerra y la suspensión de las negociaciones de paz. Los documentos habían sido discutidos, supuestamente, en el seno de la comandancia general de las FAR, que reconocía la debilidad y la crisis interna de la URNG. Al hacerse públicos los documentos, la guerrilla negó que fueran oficiales y los describió como documentos internos de trabajo. La filtración puso de nuevo en duda la verdadera posición de la URNG ante el proceso de paz.

Mientras las negociaciones de paz avanzaban lentamente, los actores políticos se reacomodaban ante la inminencia del nuevo proceso electoral que se llevaría a cabo en 1995. Al mismo tiempo, la guerra en el norte de Quiché y el frente suroccidental seguía su curso. El panorama de las negociaciones de paz se tornó un poco más confuso cuando Pablo Monsanto, comandante de las FAR, anunció su intención de que la URNG participara en el proceso electoral de ese año. En este clima, el mismo secretario de la ONU decidió intervenir. Boutros Ghali propuso al Gobierno como fecha límite para la firma de la paz el mes de agosto de 1995. La propuesta iba acompañada de una nueva calendarización.

La violencia parecía no cesar. En una población cercana al campo petrolero de Rubelsanto, en Alta Verapaz, se dieron hechos que hicieron recordar los peores años del enfrentamiento. Según la versión dada por el Ejército, una patrulla de veinticinco soldados bordeaba la finca Xamán —donde se habían establecido 250 familias de retornados— cuando un grupo de mujeres los invitaron a entrar en la comunidad. Una vez en la aldea, fueron rodeados por al menos 300 personas que, tras insultarlos, les arrebataron tres fusiles y abrieron fuego en contra de los militares. Estos repelieron el ataque con un resultado de diez muertos y dieciocho heridos.

El entonces ministro de la Defensa, el general Mario Enríquez, explicó a los medios que las patrullas militares tenían la prohibición expresa de penetrar en las aldeas de retornados, ya que podía malinterpretarse como hostigamiento. El representante de las Comisiones Permanentes de Representantes de los Refugiados, Rubio Mejía, explicó que, según información con la que contaba, «el ataque fue perpetrado con granadas y fuego de fusilería, por desconocidos». Mientras tanto, Rigoberta Menchú se apresuró a asegurar que miembros del Ejército eran los autores de la masacre.

La «masacre de Xamán» tuvo consecuencias para el Ejército y para el gobierno de Ramiro de León Carpio, para quien Menchú pidió una condena internacional. En primera instancia, se creó una comisión investigadora que concluyó que existía una versión de los hechos opuesta a la del Ejército. Según esta, sostenida por uno de los habitantes de la aldea, la patrulla militar irrumpió en la comunidad exigiendo hablar con las autoridades locales. La comunidad, que estaba concentrada, al ver el despliegue militar, exigió que se retiraran. En respuesta, la tropa abrió fuego en contra de la población. Al analizar esta versión, surge la duda acerca de las motivaciones de los militares, pues su presencia en el lugar era ilegal y la MINUGUA miraba con lupa al Ejército.

El ministro de la Defensa presentó su renuncia y el caso fue asignado a un juez militar de Primera Instancia de Jalapa. Tras tres meses de investigaciones del Ministerio Público, la deficiencia del sistema de justicia empezó a aflorar con dilaciones injustificadas y malos manejos de la evidencia.

La posición de la URNG con respecto a las negociaciones de paz cambió totalmente a lo largo de 1995, a medida que se acercaban las elecciones. En los primeros días de enero, el general Efraín Ríos Montt tomó posesión de la presidencia del Congreso, a la cabeza de una bancada que había demostrado disciplina y cohesión. Pese a que durante su discurso de toma de posesión declaró su total apoyo a las negociaciones de paz, también se pronunció respecto a la urgencia de que la URNG saliera de la ilegalidad, lo que puso nerviosos a los miembros de la comandancia general.

La primera vuelta electoral se celebró el 12 de noviembre y estos fueron los resultados:

• Álvaro Arzú, candidato por el partido PAN, obtuvo el 36.50 % de los votos
• Alfonso Portillo, candidato por el partido FRG, obtuvo un 22.04 % de los votos y quedó en segundo lugar

La segunda vuelta electoral se llevó a cabo en enero de 1996, y el ganador fue Álvaro Arzú con el 51.22 % de los votos. Esto llevó a Portillo a asegurar que mientras Arzú sería el presidente de la capital y otros centros urbanos, él sería el presidente del área rural.

Los acercamientos de Álvaro Arzú con la URNG comenzaron desde la campaña electoral para la segunda vuelta, en San Salvador. Según los recuerdos de Arzú, en esa reunión, el comandante Rolando Morán y él acordaron firmar la paz. Esto llevó a un segundo encuentro en México con Arzú ya como presidente electo. Mientras tanto, el nuevo presidente nombró como ministro de la Defensa al general Julio Balconi, un hombre vinculado con las negociaciones de paz. En ese acto, el presidente retiró a quince oficiales de alto rango en medio de acusaciones en contra de la institución armada, por la posible vinculación de algunos elementos con actividades de delincuencia común y narcotráfico.

Tras asumir la presidencia, Arzú nombró a Gustavo Porras director de la Comisión de Paz —COPAZ—, a instancias del general Balconi, quien lo recomendó para el puesto y aseguró que el Ejército no tenía reservas con respecto a él. Como resultado de las decisiones presidenciales y el cambio de actitud de la guerrilla frente al Gobierno, las negociaciones volvieron a tomar velocidad. A mediados de marzo de 1996, la URNG anunció el cese al fuego. En respuesta, el Ejército ordenó la suspensión de todas las operaciones contrainsurgentes. El último combate de la guerra se registró entre el 16 y el 17 de marzo de 1996 entre tropas del Ejército y combatientes del remanente del Frente Luis Ixmará, en las inmediaciones de Sololá.

El ambiente de las negociaciones de paz se relajó. Estas avanzaron con más confianza a partir de dos hechos:

1. una reunión de la URNG con oficiales del Ejército en La Habana, Cuba,
2. y la caída de la «Red Moreno».

 Los niveles delincuenciales aumentaron a finales de 1996 ante la incertidumbre de la firma de la paz. La URNG elaboró un plan para obtener recursos financieros y prepararse para la posguerra. Aprovechando la disminución de la intensidad de la ofensiva del Ejército, decidió realizar secuestros selectivos y usar el dinero recaudado con los rescates como fuente de financiamiento. Uno de los secuestros más sonados fue el de Olga de Novella.

La situación se complicó para la URNG cuando el Estado Mayor Presidencial decidió montar un operativo para capturar a Isaías y a Mincho, responsables del secuestro de Olga de Novella. Ante el miedo de que las conversaciones de paz se derrumbaran, los comandantes de la URNG se distanciaron del hecho, dejando a Gaspar Ilom asumir la responsabilidad del crimen como jefe de la ORPA. Sin embargo, este se apresuró a intentar la misma estrategia y argumentó que fue una operación al margen de las estructuras.

Tras la salida de Gaspar Ilom, las cosas regresaron a su sitio y el Gobierno anunció que se había fijado el 29 de diciembre para la firma del acuerdo de paz. A partir de ese momento, inició el desmantelamiento de los campamentos guerrilleros en la selva y las montañas, para concentrarlos en campamentos señalados como paso previo a su desmovilización, en un proceso supervisado por la ONU. Mientras tanto, la negociación de otros acuerdos sustantivos siguió avanzando:

1. el 4 de diciembre se firmó en Oslo el documento que contenía las bases para el Acuerdo Sobre el Definitivo Cese al Fuego;
2. el 5 de diciembre se suscribió en Estocolmo el Acuerdo de Reformas Constitucionales y Electorales,
3. y el 12 de diciembre se firmó en Madrid el Acuerdo de Reinserción de los Rebeldes a la Vida Civil.

 

Finalmente, el día del Acuerdo para una Paz Firme y Duradera llegó. El domingo 29 de diciembre de 1996, uno de los patios del Palacio Nacional de la Cultura acogió a los delegados de la URNG, a los del Gobierno y a los invitados para presenciar el final de un enfrentamiento armado interno que ya había durado demasiado.

La firma de la paz se llevó a cabo con las organizaciones revolucionarias concentradas en los campamentos definidos para el efecto y con un repliegue ordenado de las fuerzas militares. Se trataba de crear una zona de amortiguamiento que eventualmente llenarían las fuerzas de paz de la ONU. Finalmente, tras una intensa ofensiva diplomática, los Cascos Azules llegaron, aunque con dos meses de retraso, para garantizar la entrega de armas y la desmovilización efectiva de las guerrillas.

El desarme de los combatientes de la URNG inició, según el cronograma pactado, el 3 de marzo de 1997, con la entrada en vigencia del cese al fuego definitivo y la coordinación de los observadores militares de MINUGUA. Según diarios de la época, un total de 600 combatientes de la URNG no atendieron la orden de concentrarse en los campamentos y tampoco entregaron sus armas. Asimismo, la entrega de armas fue irregular. La URNG reportó la desmovilización de 3614 combatientes, pero solo se inventariaron 1818 armas. Esto bien pudo haber alimentado la violenta posguerra que vivió el país en los años posteriores.

El Ejército de Guatemala fue reducido en un 33 %, de acuerdo con lo acordado en la mesa de negociaciones. Los 31 000 efectivos que quedaron fueron más tarde reducidos a la mitad durante el gobierno de Óscar Berger. El sistema de seguridad civil se reformó y reforzó: se disolvió la Policía Nacional y se creó la Policía Nacional Civil, que en 2001 contaba con 20 000 efectivos. Se disolvió el Estado Mayor Presidencial y la Policía Militar Ambulante. Se crearon en su lugar dos secretarías civiles de seguridad: la Secretaría de Análisis Estratégico —SAE— y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia —SAAS—. Como parte de la reducción de efectivos del Ejército, se cerraron al menos treinta comandos militares operativos, reduciendo significativamente la presencia de las fuerzas de seguridad en extensas zonas del territorio nacional. Esto fue aprovechado por los distintos grupos del crimen organizado para extender su control y defender sus rutas de narcotráfico y contrabando. Esta contracción resulta clave para entender la violenta posguerra.

De acuerdo con Kruijt (2009), «cuando la URNG se desmovilizó en 1996, tenía menos de 3 mil efectivos militares, además de 2,800 cuadros internacionales y políticos. La cifra oficial de miembros de la URNG que se desmovilizaron fue de 5,750» (72). La URNG dejó de existir en marzo de 1997 e inició su vida legal como partido político bajo las mismas siglas. Esto resultó ser un error estratégico, pues la izquierda democrática marcó distancia con respecto a esta organización demasiado identificada con los fracasos armados de las décadas anteriores. Su desempeño electoral fue, en general, mediocre y no logró consolidarse como un partido importante.