Las principales organizaciones revolucionarias militares, la ORPA y el EGP, se reorganizaron a finales de la década de los setenta bajo la premisa de que la única forma de llegar al poder era mediante la guerra. Para eso, necesitaban generar una represión lo suficientemente fuerte por parte del Estado como para provocar una respuesta violenta de la población. Se esperaba que esta insurrección popular acuerpara a las organizaciones militares revolucionarias y les permitiera acceder al poder. La nueva estrategia —denominada «Guerra Popular Revolucionaria»— establecía que el método a seguir era la guerra de guerrillas. Esta debía librarse en el campo y en la ciudad, presionando sobre la población hasta lograr que la violencia desencadenara una reacción insurreccional.

El EGP y la ORPA diferían en su visión de cómo integrar a la población a este esquema de guerra popular prolongada. Para los primeros, era vital incorporar a la población indígena del altiplano occidental y noroccidental del país en el frente rural. Su estrategia fue la creación de frentes guerrilleros al estilo vietnamita, basándose en la idea de integrar directamente a la población civil en el esfuerzo militar. A esta estrategia se le conoce como «frentismo».

Siguiendo esta línea, el modelo de Vietnam aplicado a Guatemala planteaba un esfuerzo de tres fases:

1. los grupos armados, llamados escuadras, se dedicaron a realizar reconocimientos y evaluación del terreno y de las comunidades. Su objetivo era garantizar la implantación de la organización;
2. una vez establecida, se inició la fase de operaciones militares y de organización de la población; 
3. y la última fase —que nunca llegó a producirse— sería la insurrección popular o del pueblo en armas, que llevaba a la construcción del poder local en los territorios liberados por las guerrillas.

Para desarrollar estas tres fases, el EGP creó los Comités Clandestinos Locales —CCL—, considerados el núcleo de la participación social en las tareas revolucionarias. El agrupamiento de varios CCL creaba un distrito guerrillero. Varios distritos guerrilleros formaban una región. Por último, varias regiones conformaban un frente guerrillero.

Para lograr esta alianza entre las comunidades y las fuerzas guerrilleras, era prioritario crear también un nexo con las organizaciones de masas. Para ello, el EGP se planteó una política de cuatro objetivos:

1. aumentar el número de militantes para, eventualmente, superar el número de efectivos de las fuerzas de seguridad;
2. construir una base social y política que aglomerara a todos los sectores populares objeto de opresión y explotación;
3. construir una base económica material que asegurara la sustitución del poder enemigo local por el poder revolucionario;
4. y transformar la conciencia de las masas, contagiándola de las concepciones de la lucha ideológica para acelerar el proceso revolucionario (Murga 2005).

Por su parte, la ORPA no implementó el esquema vietnamita por considerar peligroso el involucramiento de la población civil y su exposición a la reacción represiva del Estado. Por esta razón, adoptó un modelo distinto de frentes guerrilleros: frentes guerrilleros rurales, un frente guerrillero urbano y las regiones de resistencia. Los «frentes guerrilleros eran fuerzas regulares que operaban en el campo en forma permanente. Donde no era posible constituir un frente guerrillero se creaban unidades militares de carácter irregular o fuerzas irregulares permanentes que actuaban como fuerzas permanentes de resistencia» (Murga 2005, 88).

La estructura organizativa de la ORPA tuvo un impacto directo en el carácter propio de la guerrilla, pues permitió «la formación y consolidación de una pequeña fuerza militar especializada» (Murga 2005, 90). Esto fue posible gracias a que «la militancia [...] debía poseer un mínimo de preparación militar (al menos en el manejo de armas y algunas técnicas elementales de combate)» (Murga 2005, 89). 

Las organizaciones revolucionarias incrementaron paulatinamente su presencia por medio de actos de propaganda armada y operativos militares. Además, los secuestros aumentaron, indicando que tanto el EGP como la ORPA habían entrado en una etapa de acopio de recursos económicos para desarrollar sus actividades militares.

Según informes de inteligencia de esa época, la guerrilla comenzó un cerco alrededor de la capital del país, preparándose para la ofensiva final. Al enterarse, el Ejército se preparó para una contraofensiva que partiría de la ciudad y se extendería hacia las bases fuertes de la guerrilla, ubicadas en el altiplano occidental. El objetivo de las operaciones contrainsurgentes urbanas era romper la capacidad logística de la guerrilla y restarle impulso al esfuerzo de la ofensiva. Para esto, se levantó un cordón de seguridad alrededor de la ciudad y se iniciaron las operaciones para desmantelar el frente urbano. Se realizaron capturas de casas de seguridad, de buzones de armas y de militantes, lo cual afectó seriamente la capacidad de las guerrillas, impidiendo que lanzaran un ataque final.

La ofensiva del Ejército en contra de las estructuras urbanas de las guerrillas inició en julio de 1981 y se extendió hasta septiembre. Desde antes, las fuerzas de seguridad se venían preparando para ejecutar este tipo de operaciones y habían mejorado sus capacidades operativas, gracias al apoyo de otros países. La ofensiva urbana tenía una lógica distinta a la que simultáneamente tenía lugar en el altiplano occidental. De acuerdo con un oficial:

fueron dos lógicas independientes. [La guerra rural] empezó como una dinámica de operaciones militares abiertas. Sobre la base de información de inteligencia, se estructuró una fuerza militar capaz de golpear y de luchar por masa, terreno y poder [...]. Así [...] nacieron las fuerzas de tarea [...] en el interior. (Vela 2014, 212) 

Por otro lado, la guerra contrainsurgente urbana era exclusivamente una tarea de inteligencia. Era «un trabajo de mucha precisión, de mucha paciencia» (Vela 2014, 213). Las operaciones militares en la ciudad se planearon y ejecutaron gracias a la captura de militantes de la guerrilla que fueron clave en el esfuerzo contrainsurgente. La información obtenida tras estas capturas rindió sus frutos. Lo primero que se obtuvo al copar los reductos fue la ubicación de los puntos de contacto. El siguiente paso fue la recolección y el análisis de los documentos almacenados en dichos lugares. Gracias a esto, se obtuvo mucha información valiosa que fue utilizada por el Ejército para planificar y lanzar operaciones militares con el fin de desarmar a las columnas guerrilleras del área rural. Un ejemplo de ello fue el descubrimiento en Chimaltenango de varios escondites de armas.

Otro de los recursos utilizados para recabar inteligencia fueron los Comisionados Militares. Asimismo, el servicio de inteligencia del Ejército, asesorado por sus pares israelíes y argentinos, creó un aparato coordinado con las demás fuerzas de seguridad, en 1981. Se trataba del Centro de Reunión de Información y Operaciones —CRIO— que buscaba posibilitar la fluidez de la comunicación entre los distintos actores de la lucha contrainsurgente.

Para 1981, la situación de las organizaciones revolucionarias era la siguiente:

Organización revolucionaria	Frentes	Miembros
ORPA	6	700 militantes y cerca de 1000 miembros en la Resistencia Campesina
EGP	7	5000 combatientes y otros 50 000 miembros de sus milicias
FAR	5	500 militantes y alrededor de 1000 integrantes de su milicia

Fuente: Dirk Kruijt 2009, 137.

El planteamiento estratégico del EGP se dividía en tres escenarios:

• la ofensiva guerrillera, que arrancó en San Miguel Acatán, pasando por San Rafael la Independencia, Santa Eulalia, Jacaltenango y Todos Santos;
• el altiplano occidental;
• y el centro del país. 

La situación geográfica y demográfica que encontró el Ejército en este nuevo intento insurgente presentó serias dificultades para la conducción de las operaciones militares. La actividad del EGP se incrementó considerablemente en las zonas rurales, y lanzó una campaña de hostigamiento hacia varios cuarteles, a finales de 1980. La ofensiva continuó las primeras semanas de 1981 con ataques a distintos destacamentos. La escalada de operaciones del EGP y de la ORPA ese año se vio influenciada por el entusiasmo triunfalista tras la toma del poder de los sandinistas en Nicaragua.

El mes de octubre de 1981 fue de intensa actividad para el EGP, que activó de forma agresiva el Frente Augusto César Sandino —FACS—. Este operaba en áreas de Chimaltenango, Quiché, Sololá y Sacatepéquez. Los órganos de difusión del EGP anunciaron que se habían lanzado diecisiete acciones militares simultáneas en catorce municipios de estos departamentos. Esta capacidad de coordinación exigía mucha participación por parte de los militantes, lo que confirmaba que se disponía de una amplia base de apoyo.

El Ejército debió reorganizarse mediante las Fuerzas de Tarea —FT—, que buscaron aislar a las organizaciones guerrilleras de la población:

Además de realizar las actividades de inteligencia [...] las fuerzas de tarea compuestas por destacamentos de 170 personas ocuparon las localidades estratégicas [...]. En ese punto el movimiento guerrillero no estaba preparado para hacer frente a esta situación [...] abandonando a su suerte a la población civil. (Robledo 2009, 27)

Estas Fuerzas de Tarea constituían unidades militares que integraban varios comandos y que involucraban a todas las unidades de las fuerzas armadas. El general Gramajo (1995) se refirió a esta táctica como «principio de masa», intentando conceptualizar la concentración de fuerzas provenientes de otras zonas militares que apoyaban a las FT para que tuvieran suficientes efectivos para aislar a la insurgencia de la población, detectar sus movimientos y destruirla.

La reorganización del Ejército en una fuerza flexible y con capacidad de reacción se fortaleció también por reformas en la Fuerza Aérea Guatemalteca y la Marina de Guerra. El resultado fue la constitución de un ejército agresivo y de gran movilidad, con posibilidad de golpear los baluartes de la guerrilla y romper con la anterior posición de prácticamente solo devolver los golpes.

Para agosto de 1981, el Ejército estuvo en la capacidad de lanzar su primera campaña contrainsurgente en el área rural, llamada «Plan de Campaña Ceniza 81». El Ejército inició una movilización en todas las regiones del país donde su inteligencia reportó la presencia de insurgentes. Esta campaña se llevó a cabo gracias a que el gobierno de Lucas García logró nuevas rutas de abastecimiento para las fuerzas de seguridad. Así, se tuvo un canal abierto para adquirir equipo, munición y repuestos en los años siguientes, lo que permitió el ritmo sostenido de las operaciones.

El alto mando del Ejército se planteó una campaña militar de mil días para derrotar a las organizaciones revolucionarias. Este plan se desarrolló en tres fases:

1. la eliminación de la oposición, llevada a cabo durante el gobierno de Lucas García;
2. la eliminación de las bases de apoyo del movimiento insurgente, desarrollada por el gobierno de Ríos Montt;
3. la eliminación de los militantes remanentes y la creación de condiciones que legitimaran el «proyecto contrainsurgente en las elecciones de 1985, dando paso a un proceso democrático regido por el proyecto político de los militares» (Robledo 2009, 22). 

El plan fue ejecutado casi con total apego a lo planificado y sin darle mucha importancia al costo político de llevarlo a cabo.

El embate frontal planteado por el Ejército provocó el virtual derrumbamiento de los frentes de operación del EGP. La reacción del mando guerrillero resultó desafortunada para la población que se había integrado a sus fuerzas irregulares o constituía su red de apoyo:

Los pocos grupos insurgentes armados con jefes responsables y efectivos se replegaron, obligando a la población indígena a acompañarlos. Parte de la población abandonó sus viviendas y siguió a los insurgentes rumbo a las montañas, para constituirse en Comunidades de Poblaciones en Resistencia. (Gramajo 1995, 157)

Sobre la situación a la que se enfrentaba la guerrilla, Porras (2008) describe su falta de organización:

el EGP tenía el concepto de una guerra popular prolongada, en la que la población se va organizando poco a poco [...], se crea una estructura. Nada de eso ocurrió. La reacción fue levantarse todos al unísono [...]. La cosa se comenzó a desarrollar espontáneamente, sin estructuras, sin sistemas de comunicación, sin mandos que entendieran [...] las órdenes ni pudieran ejecutarlas. (26)

Del lado del Ejército, las cosas también se complicaron, afectando a la moral de la tropa y a la efectividad de las operaciones. La principal razón fue que, para concentrar tropas en la FT Iximché, encargada del departamento de Chimaltenango, fue necesario despojar de efectivos a otras zonas militares. Como consecuencia, grandes zonas del norte de Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango quedaron desprotegidas. Esto permitió que la guerrilla encontrara refugio en la zona y se consolidara en el Ixcán. Sumado a esto, «la moral militar estaba afectada también por las tácticas de insurgencia armada, que hacía uso extensivo de prácticas terroristas con el constante empleo de minas [...] y de “escudos humanos”» (Gramajo 1995, 157).

En su esfuerzo por contener la ofensiva guerrillera, el Ejército tomó y transformó en su beneficio la estructura de las Autodefensas Locales del EGP. La estrategia fue convencer a estos simpatizantes de la guerrilla de involucrarse en las tareas de protección de sus comunidades. Esto se sumó al proceso de creación de las Patrullas de Autodefensa Civil —PAC—, compuestas por campesinos de Chimaltenango y Huehuetenango. Estos fueron integrados en pelotones, recibieron un breve entrenamiento y fueron armados con machetes y garrotes.

El esfuerzo del Ejército por permanecer constantemente a la ofensiva sin el adecuado soporte de logística cobró su precio. A principios de 1982, las fuerzas estaban agotadas, igual que los recursos. Los elementos tácticos eran, en su mayoría, oficiales viejos y corruptos que estaban más interesados en continuar con sus negocios que en mantener las capacidades operativas. Sumado a esto, Lucas García rotaba constantemente a los comandantes de las bases militares, para evitar conspiraciones en su contra, lo que entorpecía la continuidad de las operaciones. En este escenario de desgaste e inestabilidad, la ofensiva se fue debilitando y se perdió la iniciativa lograda en octubre de 1981. De hecho, el general Benedicto Lucas García afirmó que, en algún momento, la guerrilla estuvo a punto de tomar el poder.