En 1977, el Estados Unidos del presidente Jimmy Carter tomó la decisión de suspender la ayuda militar a Guatemala. Este cambio de rumbo se produjo después de que el Departamento de Estado denunciara la violación de derechos humanos en Latinoamérica, a través de un informe, y de que varios Estados de la región, incluido Guatemala, respondieran con rechazo y acusaciones de intromisión en temas nacionales. Años después, en 1981, y tras una reevaluación de la situación, Estados Unidos expresó su deseo de volver al programa de ayuda; sin embargo, para entonces, el nuevo presidente de Guatemala, el general Romeo Lucas García, optó por renunciar a esta colaboración.

Con toda probabilidad, la nueva política de Carter respondía a un intento de no ser vinculado directamente con los sangrientos episodios que, en el proceso de lucha contra las guerrillas, se estaban dando en varios países. En un cable enviado en 1971 desde la Embajada de Estados Unidos a la administración Carter se relatan las siguientes prácticas por parte del Gobierno:

han incluido la detención ilegal de personas sospechosas de ser terroristas y la eliminación de individuos que el Gobierno creía que estaban muy involucrados en actividades terroristas [...]. Aunque, como se señaló anteriormente, nosotros de ninguna manera aprobamos las tácticas ilegales, también habría que señalar que el gobierno de Guatemala cree que está en una situación semejante a una guerra civil [...]. Las actividades terroristas han creado una atmósfera que ha contribuido al incremento de otras actividades criminales, ya que los delincuentes comunes han seguido el ejemplo de violencia, extorsión, secuestro y asesinato usados por los terroristas. (Grandin 2001, 165)

Esto permitió a Estados Unidos, también, cambiar de una estrategia de apoyo público y visible, a una colaboración encubierta y discreta. La decisión coincide en el tiempo con la percepción de algunos miembros del Departamento de Defensa de que los gobiernos latinoamericanos ya no estaban en una situación de peligro y de que la amenaza de ser derrocados era mínima. Desde luego, estas conclusiones ignoraban que, tan solo unos años antes, Fidel Castro había anunciado el «Plan Incendio de las Américas», una estrategia que consistía en la creación de focos de conflicto en Guatemala, Bolivia y Venezuela para tratar de replicar el caso de Vietnam.

Independientemente de lo que motivara a Carter y a su entorno, la decisión obligó a Guatemala, a través de sus líderes, a buscar alternativas que permitieran suplir el tradicional suministro proveniente de Estados Unidos. En seguida surgieron nuevas líneas de aprovisionamiento, siendo las principales las procedentes de Argentina e Israel.

1. Argentina

El aumento del involucramiento de Argentina en Centroamérica se explica por la coincidencia de la élite militar de estos países en identificar la ideología de izquierda como la más importante amenaza. La preocupación aumentó al descubrirse que habían llegado a Nicaragua tanques soviéticos, lo que ―sumado a la influencia cubana― terminó de convencer a los argentinos de la importancia de controlar lo que sucedía en el istmo. A partir de entonces, y tras analizar la situación del continente y la retirada parcial de Estados Unidos, la Junta Militar de Argentina concluyó que era necesario ampliar su intervención en la región para garantizar la supervivencia de los que consideraban valores occidentales amenazados.

La ayuda argentina a las fuerzas armadas de Guatemala se intensificó a partir de 1977 con el entrenamiento de oficiales del Ejército, la donación de distintos tipos de armas y, según señala Monkman (1992), el adiestramiento en técnicas de interrogatorio, tortura e incluso la participación directa en la contrainsurgencia. La base de operaciones para toda Centroamérica ―Argentina también fue clave en la organización de la «Contra» nicaragüense― se situó en la Embajada de Argentina en Guatemala, donde se estableció un agregado militar. La ayuda argentina también se notó en otros ámbitos: facilitó la relación de Guatemala con la Liga Anticomunista Mundial y la Confederación Anticomunista Latinoamericana, espacios en los que se compartían experiencias y se apoyaban mediaciones.

Todo lo anterior contribuyó a que durante los años del embargo el Ejército de Guatemala continuara modernizándose con nuevos equipos y nuevas estrategias provenientes de otros países. Un ejemplo de ello es el uso de zonas y subzonas. Esta táctica consistía en la división del territorio para asignar equipos específicos ―llamados «grupos de tareas»― destinados a la vigilancia de individuos o la ejecución de operativos de forma más eficiente. La suma de todos los esfuerzos resultó en una mejora en la inteligencia militar, cuyo nivel de sofisticación facilitó un tipo de represión más selectiva. Durante el gobierno de Lucas García esto se tradujo en detenciones y desapariciones forzadas en todo el país.

2. Israel

El interés de Israel en Guatemala tuvo motivaciones diferentes a las argentinas. En el momento inicial se trató de una relación puramente comercial: el embargo de armas de Estados Unidos daba la oportunidad a otros países de expandir sus mercados. Sin embargo, el triunfo de la revolución en Nicaragua alertó a los israelíes del uso de este país como base de la Organización para la Liberación de Palestina ―OLP―, lo que llevó a Israel a querer aumentar su relación con Centroamérica.

El mejor ejemplo de esta nueva relación entre Guatemala e Israel es el cambio del arma reglamentaria del ejército: se sustituyó el M-1 estadounidense por el Galil israelí, fusil que se mantiene hasta el día de hoy. Según McClintock (1987), la colaboración fue mucho más allá, y hubo asesores israelíes en territorio guatemalteco entrenando al ejército en temas como la difusión de propaganda o la confrontación de comandos terroristas.

Los años convulsos no fueron un fenómeno aislado de Guatemala. El Salvador también vivió inmerso en su propia espiral de violencia entre los años 70 y 90 del siglo XX. En el caso de este país, las organizaciones político-militares aparecieron vinculadas a organizaciones de masas y a los sectores radicalizados dentro de la Iglesia. Era en los centros urbanos, sobre todo, donde captaban el apoyo proveniente de sindicatos y universidades. Cuando posteriormente buscaron aliados en El Salvador rural, fue la teología de la liberación y el mensaje transmitido por los sacerdotes lo que sirvió como punto de partida.

De la misma manera que había ocurrido en Guatemala, fueron las Comunidades Eclesiales de Base ―CEB― las que sirvieron como plataforma de formación y radicalización política. De ellas se nutrirían con el tiempo organizaciones político-militares como las Fuerzas Populares de Liberación ―FPL―:

Los «semilleros» campesinos, como los llamaron las FPL, proporcionaban a las organizaciones lugares donde era viable comenzar a mantener las primeras columnas guerrilleras. [...] En estos lugares, las FPL podían, por ejemplo, juntar cuadros de diversos lugares para recibir cursillos y entrenamiento militar. (Sprenkels 2014, 29)

La violencia estalló en octubre de 1979, cuando, después de un golpe de Estado, el ejército salvadoreño respondió con represión, torturas y ejecuciones extrajudiciales contra grupos de izquierda. Estas agresiones convivieron durante los siguientes años con la violencia provocada por grupos guerrilleros y Escuadrones de la Muerte, al estilo de lo que ocurrió en Guatemala.

Varios factores están detrás de la caída de la dictadura de los Somoza.

• En primer lugar, el terremoto de 1972: la destrucción de Managua sacó a la luz las debilidades de la administración para hacerse cargo y responder a situaciones de emergencia. Uno de los principales errores estuvo en la gestión de las donaciones internacionales que llegaban al país y que no terminaron de llegar a la población. 
• En segundo lugar, la salud del dictador se resintió: en 1977, Anastasio Somoza sufrió un infarto ―el segundo― que le obligó a viajar de urgencia a Estados Unidos para tratarse, dejando el país en manos de sus allegados. 
• En tercer lugar, todo lo anterior coincidió con el cambio de política de Carter con respecto a Latinoamérica: el ya debilitado régimen de Somoza perdió el apoyo de Estados Unidos en su peor momento. 

Tras décadas de dictadura, la oposición aprovechó la ausencia de Anastasio Somoza para reorganizarse y pasar a la acción. La lucha contra el régimen comenzó a estar más presente a través de manifestaciones, huelgas y proclamas en las que participaban tanto la Iglesia como las universidades. Otros grupos más radicales utilizaron medios violentos con el objetivo de socavar a las fuerzas de seguridad. Ante el aumento de la presión, el régimen decidió ceder:

• en 1977, tras el secuestro de un amigo de la familia, se derogó el estado de sitio que llevaba vigente desde 1974
• también aceptó sentarse en una mesa de negociación

Sin embargo, a pesar de estos signos de flexibilización, cuando llegó el momento de negociar, Somoza se negó. Fue este cambio de rumbo el que acabó fortaleciendo al Frente Sandinista de Liberación Nacional ―FSLN―, ya que varios sectores que se habían mantenido al margen, confiando en que la vía de la negociación sería posible, decidieron acercarse al verse sin opciones. Fue así como el FSLN se fortaleció y se sintió más legitimado que nunca para emprender acciones cada vez más radicales, como el ataque a los cuarteles de la Guardia Nacional. Contaban, además, con el apoyo de personas reconocidas del ámbito de la cultura y la empresa, con lo que apelaban a la unión de todos los nicaragüenses.

Los errores por parte del régimen se sucedieron: se responsabilizó al hijo de Somoza ―apodado el Chinguín― del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, un líder opositor que provenía del sector conservador y que había adquirido relevancia pública por varias razones:

• era director del periódico La Prensa, desde el que criticaba a la dictadura;
• tras el terremoto, fue cofundador de un comité, junto con el sector privado, para ayudar a los afectados;
• y sacó a la luz en su periódico, por medio de una investigación, la venta de sangre de ciudadanos nicaragüenses a Estados Unidos que hacía una empresa propiedad de los Somoza: Plasmaféresis.

Con su asesinato, la dictadura de Somoza convirtió a Chamorro en un mártir por el que manifestarse públicamente y enfrentarse a la Guardia Nacional. Llegados a este punto, incluso la Iglesia parecía defender y justificar la lucha armada como única opción para lograr un cambio político en Nicaragua. La respuesta del régimen siguió siendo dura: disparos, capturas, represión violenta, torturas e incluso el ataque con bombas:

A fin de ablandar la resistencia popular, Somoza bombardeó y ametralló las ciudades con artillería pesada, aviones y helicópteros, sin hacer distinción entre combatientes y población civil. Luego desató a las tropas de infantería [...] para llevar a cabo «operaciones de limpieza» en las que centenares de civiles, sobre todo jóvenes, fueron asesinados en masa. (Tijerino 2008, 301)

Somoza intentó resistir por todos los medios posibles, pero el peso de los errores cometidos hasta el momento sumado a la mermada capacidad militar del régimen por el embargo de Estados Unidos hacía muy difícil la supervivencia de la dictadura.

Finalmente, el 17 de julio de 1978, Anastasio Somoza renunció y se exilió en Miami. Le sucedió como presidente interino Francisco Urcuyo Maliaños, hasta ese momento presidente de la Asamblea Legislativa, que el día siguiente, 18 de julio, abandonó también el país exiliándose en Guatemala. Entonces tomó el mando la Junta de Reconstrucción, integrada por varios sectores:

• Daniel Ortega y Moisés Hassan, como representantes de los sandinistas;
• Alfonso Robelo y Violeta Barrios de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro, como representantes de la sociedad civil;
• y Sergio Ramírez, escritor, como representante del Grupo de los 12.

Este recorrido histórico por Nicaragua es útil para comprender la lectura que muchos países hicieron de la situación de Centroamérica a raíz de la caída de Somoza. Por un lado, es un ejemplo de las consecuencias de la nueva política de Carter, a quien algunos culparon de lo sucedido y consideraron un traidor. Por otro, explica el deseo de la Junta Militar de Argentina de tener un rol más activo en Centroamérica, por miedo a que el caso de Nicaragua se contagiara a otros países del continente. Por último, lo que para unos era un temor ―el mencionado contagio―, para otros era una señal de esperanza: quizá este era el momento para el triunfo de la revolución en Guatemala.

Una de las principales formas en la que los conflictos que se vivían en Centroamérica afectaban a México era la llegada de exiliados. Sin embargo, no por ello fue un actor pasivo que se limitara a recibir el flujo migratorio. El investigador Vásquez Olivera (2014) afirma lo siguiente:

la intención de favorecer el cambio político en Centroamérica no solo condujo al Gobierno mexicano a brindarle respaldo diplomático y ayuda material al Gobierno sandinista de Nicaragua sino también a entablar relaciones formales con los grupos revolucionarios de El Salvador y Guatemala, a los que apoyó de distintas maneras, a veces abiertamente, pero también de manera conspirativa. Igualmente comprobamos que los revolucionarios de Centroamérica emplearon el territorio mexicano como una importante plataforma para el impulso de su causa, en términos políticos, ciertamente, pero también militares. (183)

De esta manera, podemos concluir que la buena voluntad mostrada por México al dar asilo a quienes huían de Guatemala iba más allá de la mera respuesta humanitaria. No parece casualidad que México se convirtiera en la base internacional de las guerrillas guatemaltecas.