El movimiento campesino también atravesó una reorganización en la década de los setenta. Para entender el impacto de este proceso, es necesario hacer un breve recorrido de la historia del movimiento. La organización característica del campo durante la primera mitad del siglo XX fue la «Liga», un tipo de agrupación formal bajo la cual se reunían trabajadores del campo para atender sus necesidades comunes. Estas ligas estaban conformadas por agricultores independientes, propietarios y arrendatarios.

Durante el periodo revolucionario, de 1944 a 1954, surgieron organizaciones sindicales propiamente campesinas, bajo el Código de Trabajo de 1947. Con el Decreto 900 —la Ley de Reforma Agraria de 1952—, la situación de los campesinos mejoró, debido a que la organización encargada del reclamo de las tierras que debían reasignarse los involucró a través de los Comités Campesinos Locales —CCL—. Durante este periodo, no solo crecieron los sindicatos campesinos; también aumentaron las uniones campesinas, que eran organizaciones con relaciones legales menos claras y que no eran reconocidas por el Ministerio de Economía y Trabajo, sino por el Ministerio de Gobernación.

La situación cambió a partir del derrocamiento de Árbenz, en julio de 1954. Tras su caída, la Junta de Gobierno publicó el Decreto 21, manifestando que existía infiltración de comunistas en las direcciones de los sindicatos urbanos y campesinos. Así, se estableció que todas las organizaciones que buscaran reconocimiento oficial debían entregar una lista con el nombre de veinte integrantes para ser analizada por el Comité de Defensa Nacional Contra el Comunismo. El impacto fue significativo. Aunque alrededor de 297 sindicatos permanecieron constituidos, no presentaron actividad alguna durante este periodo.

No fue hasta el periodo de Peralta Azurdia, de 1963 a 1966, que las organizaciones campesinas resurgieron. Durante estos años, la Iglesia católica apoyó la creación de cooperativas para mejorar las condiciones de los campesinos y, además, asesoró a las Ligas. El Ejército también apoyó el desarrollo de estas cooperativas como parte de la Acción Cívica y de su programa de pacificación rural.

Como consecuencia, en 1967, se fundó el Movimiento Campesino Independiente —MCI—. Luego, en 1970, cuando el MCI intentó ampliar el espectro de sus integrantes, se creó la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas —FENOCAM—. Esta se unió con la Federación Nacional de Comunidades Agrícolas e Indígenas —FENCAIG— para formar la Confederación Nacional Campesina —CNC— en 1973.

Las organizaciones campesinas cobraron una nueva importancia a raíz del terremoto de 1976, cuando la población urbana y rural necesitó organizarse para tareas de rescate, descombramiento y asignación de ayuda. Esto provocó una identificación de intereses comunes en el campesinado indígena. La coordinación interna llevó a que, en la segunda mitad de la década de los setenta, los campesinos indígenas se agruparan en ligas y buscaran organizaciones mayores como plataformas de apoyo. Esta tendencia fue aprovechada por la segunda generación de guerrillas. Uno de los casos más significativos fue la creación del Comité de Unidad Campesina —CUC—.

En cuanto a la incorporación de las masas a la guerra, Rolando Morán —exdirigente del EGP— explica que jugaron un papel militar:

las masas forman y enriquecen los destacamentos guerrilleros, las masas se organizan y constituyen los grandes destacamentos paramilitares, las masas se organizan y constituyen también los grandes destacamentos de autodefensa del pueblo. Todas estas son las formas militares en que participan las masas en la guerra. (Harnecker 1984, 297)

Sin embargo, a lo anterior, Morán añade una diferencia:

las masas no participan como ejército regular. La participación político-militar de las masas [...] no abandona las formas características de la lucha de masas: paros, protestas, marchas [...] las masas participan ideológicamente en la guerra popular revolucionaria, [...] a través de la concientización de la expresión de las masas. (Harnecker 1984, 298)

Esta lógica era aplicada tanto en el ámbito urbano como con las organizaciones campesinas. En el altiplano guatemalteco, la forma de vincular a la población en la guerra revolucionaria fue involucrar al indígena en actividades de autodefensa. Ante la presencia del Ejército en la zona, esta participación tomó tintes agresivos y acabó convirtiéndose en sistemas de defensa armada que incluían emboscadas, trampas y controles de carreteras. Los campesinos abandonaron cada vez más la pasividad y se convirtieron en un brazo paramilitar del EGP.

El detonante de la crisis rural en la costa del país fue la industrialización de la agricultura, gracias a la acelerada mecanización de los procesos de corte y procesamiento de la caña y del algodón. El desplazamiento de la mano de obra en el campo, por la introducción de maquinaria, implicó grandes recortes en el número de trabajadores. Esta sustitución se inició con el objetivo de mecanizar y eficientizar los procesos. Sin embargo, las medidas fueron tomadas como una amenaza por los trabajadores.

El 18 de febrero de 1980 estalló una huelga en plena época de cosecha de la caña de azúcar, paralizando a la industria durante quince días. Alrededor de ochenta fincas de caña y catorce de algodón se sumaron al movimiento. Al mismo tiempo, quince ingenios quedaron totalmente paralizados. Se estima que alrededor de 80 000 trabajadores apoyaron y participaron en el paro. La violencia no tardó en hacerse presente. La tensión y las acciones de confrontación crecieron a medida que pasaban los días.

Durante la huelga, el CUC del altiplano funcionó como una red de apoyo, enviando maíz para alimentar a los participantes y realizando manifestaciones de solidaridad. Para las negociaciones con los patronos, el CUC solicitó la representación del CNUS, por su experiencia. Finalmente, se logró un aumento salarial para los trabajadores de las fincas y la articulación de tres sectores clave en las actividades de las fincas de la costa:

• los cuadrilleros, que eran trabajadores estacionales;
• los voluntarios, que eran trabajadores que vivían en la costa sur y se contrataban para la zafra;
• y los rancheros, que eran trabajadores que permanentemente vivían en las fincas.

En 1980, el CUC anunció oficialmente que se unía a la insurgencia, integrándose al EGP. La razón que argumentó fue la represión desatada por el Gobierno tras el incendio en la Embajada de España y la huelga campesina en la costa sur. Sin embargo, es evidente que el CUC tenía contacto y compartía la línea de acción del EGP desde antes.

El EGP aprovechó la coyuntura para hacer propaganda de su movimiento, continuando con su búsqueda del detonante de la insurrección masiva. El sector elegido para ser la chispa de ese incendio fue el indígena. El momento elegido —días después del incendio en la Embajada de España— parecía propicio para empujar un levantamiento multitudinario. Esa fue la intención del CUC al convocar a varias organizaciones para discutir una declaración de los indígenas de Guatemala. El EGP tomó el liderazgo en la organización del evento, que dio lugar a la redacción de un documento que muchos historiadores consideran un llamado a la insurrección indígena:

El 14 de febrero de 1980, unas ciento cincuenta personas, en su mayoría indígenas, se concentraron [...] para discutir y emitir un pronunciamiento histórico: la Declaración de Iximché. [...] La Declaración [...] representa un documento seminal de posicionamiento como sujeto y actor colectivo indígena. Se trata de un hito y símbolo de lucha en la memoria colectiva de diversos sectores del movimiento maya y otras actividades sociales. (Macleod 2017, 440) 

La Declaración de Iximché no fue bien recibida por todos. El Movimiento Indígena Tojil rechazó el llamado a la guerra que se planteó en el documento, argumentando lo siguiente: «no es nuestra la guerra». Asimismo, una de las críticas más severas que se le hizo al EGP fue el poco o nulo espacio para el liderazgo indígena que permitió dentro de la organización.