Los acuerdos de Bretton Woods del año 1944, una serie de decisiones tomadas por los representantes de más de 40 países del mundo, reunidos en suelo estadounidense, plantearon la idoneidad de diseñar y poner en práctica en Latinoamérica planes de desarrollo. Estos estarían financiados por instituciones como el Banco Mundial, otro organismo nacido de esta misma conferencia con, entre otros, el objetivo de contribuir al desarrollo económico mundial. En la línea de estas ideas de cooperación internacional para el desarrollo económico, se formuló en Guatemala el «Plan Nacional de Desarrollo 1971-1975».

El plan de desarrollo fue percibido entre los miembros de la élite política militar guatemalteca como una oportunidad de fortalecer y prolongar la presencia del Ejército en el poder y, por lo tanto, de mantener el régimen militar. Este sector estaba convencido de su capacidad de solucionar aquellos problemas constantemente señalados: la desigualdad y la pobreza de Guatemala. El éxito de la aplicación del programa haría de la clase media un grupo numeroso que funcionaría como una vacuna en contra del comunismo.

La piedra angular del plan era el desarrollo agrícola, que mediante una serie de medidas debía modernizarse y dar lugar a la aparición de muchos pequeños y medianos productores propietarios que se sumaran y contrarrestaran a los grandes terratenientes ya existentes. Para ello, se llevó a cabo una reestructuración institucional y se recibieron gran cantidad de fondos que permitieron financiarla:

• se crearon nuevas instituciones, como el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola ―BANDESA― y el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola ―INDECA―;
• se reestructuró el Ministerio de Agricultura;
• se recibieron enormes sumas de dinero provenientes de la cooperación internacional, que se destinaron
  • a introducir el uso de fertilizantes químicos en la agricultura guatemalteca;
  • a crear préstamos que permitieran a más personas invertir y convertirse en propietarios;
  • y a diversificar los productos cultivados. 

Cabe decir que no solo fue la población civil la que aprovechó estas oportunidades; muchos militares y otras personas vinculadas con el Gobierno también se aprovecharon de la posibilidad de adquirir nuevas tierras.

Otra pieza puesta en marcha para contribuir a la mejora de la situación del país fue una reforma que buscaba la modernización y mejora del sistema burocrático estatal a partir de una serie de cambios:

• la creación de una carrera del servicio civil;
• y la profesionalización y tecnificación del empleado público.

Los cambios también se dieron en la centralización de instituciones como el Instituto Geográfico Nacional, los recursos hídricos y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que, con la eficiencia como excusa, pasaron a estar en mayor medida controlados por el Ejército. Al tratarse de recursos estratégicos, con la justificación del desarrollo del país, el Ejército aprovechó para beneficiarse del control de estas estructuras para la lucha política y militar que estaba en marcha en Guatemala.

Era este el contexto de Guatemala cuando a las 3:02:46 de la mañana del miércoles 4 de febrero de 1976 un terremoto sacudió gran parte del país. Estas fueron sus características:

• el epicentro estuvo a 45 kilómetros de la capital, entre Escuintla y Siquinalá;
• su intensidad fue de 7.5 grados en la escala Richter;
• y duró 35 segundos.

Fueron muchos los municipios del país que sufrieron daños graves. Destacan los más afectados, que vieron el 100 % de su infraestructura dañada y que prácticamente fueron borrados por el terremoto:

• en el departamento de Chimaltenango, San Martín Jilotepeque, Zaragoza, Tecpán y Comalapa;
• en el departamento de Guatemala, San Pedro y San Juan Sacatepéquez;
• en el departamento de El Progreso, El Jícaro y El Progreso;
• en el departamento de Sacatepéquez, Sumpango;
• en el departamento de Quiché, Joyabaj; 
• y en el departamento de Zacapa, Gualán y Cabañas.

Muchos otros municipios resultaron afectados en menor grado, y solo los departamentos de Petén y Retalhuleu no sufrieron ningún daño. Según los cálculos oficiales del Gobierno y del Ministerio de Finanzas de la época, las pérdidas se calcularon así:

• aproximadamente 23 000 personas murieron y 77 000 resultaron heridas, el 20 % de la población total del país en ese entonces;
• de un total de 331 municipios ―el dato incluye territorios de Belice que fueron tomados en cuenta en los cálculos del Gobierno―, 196 se vieron afectados;
• según los cálculos de la época, cuando el quetzal valía lo mismo que el dólar, el costo de la reconstrucción fue de Q1 021 400;
• 254 751 casas necesitaron ser reconstruidas;
• 1 066 063 personas se quedaron sin vivienda;
• 2300 familias de la capital pasaron a vivir en campamentos temporales ubicados en la zona 11 y en la zona 7;
• el 80 % de los centros médicos quedaron dañados o destruidos y la misma suerte sufrieron el 60 % de los centros educativos;
• 250 mil niños se quedaron sin acceso a la educación;
• las pérdidas materiales se tasaron en USD1 000 000 000 ―mil millones de dólares de la época―.

El presidente de Guatemala desde 1974, Kjell Eugenio Laugerud García, dio una entrevista a Francisco Mauricio Martínez, que fue publicada en Prensa Libre el 4 de febrero del 2001. En ella, cuenta cómo vivió los primeros momentos:

Avisamos a todas las unidades militares para que las patrullas salieran a reconocer los daños e informaran inmediatamente. Yo salí de la Casa Presidencial a las 3:20, con la esperanza de que los daños no hubieran sido tan malos. Por el callejón Manchén y en la 4 y 5 calle, empecé a ver las cornisas tiradas en el suelo y conforme avanzaba por la 6 avenida, veía más destrozos. Luego me fui a la Fuerza Aérea Guatemalteca, para ver la pista de aterrizaje, ya que ésta iba a ser fundamental para recibir la ayuda. Gracias a Dios, estaba perfecta.

Después al IGSS y a los hospitales Roosevelt y San Juan. Había toneladas de muertos. En la calle, la gente trataba de sacar a los soterrados. Regresé a la Casa Presidencial como a las 6 de la mañana con un cuadro más o menos real de la tragedia. Enseguida ordené que me alistaran un helicóptero. Desde el aire, vi la capital muy dañada; Mixco, hecho pedazos; Guastatoya, El Progreso, igual. Nos fuimos al puente de Aguas Calientes y se había caído. La carretera al Atlántico estaba llena de derrumbes.

Bajé en Guastatoya como a las 18 horas. La gente estaba sentada en las banquetas. Me acerqué a un policía y le pregunté: «¿Dónde está el Gobernador? Murió, me contestó. ¿Y el Juez de Paz?, También, respondió. ¿Y su jefe? Igual, dijo. Entonces ¿quién es la autoridad?, le pregunté. Solo yo, fue la respuesta del policía».

Por la noche, me fui al canal 7, que estaba en la 20 calle de la zona 10. Era el único que estaba transmitiendo y le expliqué al pueblo lo sucedido.

En este primer ejercicio de comunicación, destacan las famosas palabras que el presidente pronunció con el objetivo de transmitir ánimos y elevar la moral de la población que estaba sufriendo las consecuencias del catastrófico terremoto: «Guatemala está herida, pero no de muerte», afirmó.

Las primeras muestras de ayuda internacional no se hicieron esperar. El primer país en ofrecer su ayuda fue El Salvador, tras una visita de su presidente, el coronel Arturo Armando Molina. México también envió suministros y cocinas móviles. Por su parte, Estados Unidos contribuyó con helicópteros para ayudar a volver a comunicar las zonas que habían quedado aisladas por los derrumbes, fondos por valor de 25 millones de dólares para reconstruir, entre otras cosas, parte de la carretera al Atlántico y 15 camiones cisterna para repartir agua.

Uno de los elementos que más llaman la atención con respecto a la ayuda extranjera es que se manejó de una forma muy particular. Algunos representantes internacionales —el embajador de Alemania entre ellos— hicieron ver su preocupación ante la posibilidad de que los fondos donados por sus respectivos países no llegaran al lugar previsto. Algunos casos previos en otros países de la región les habían hecho desconfiar. El problema se resolvió con la decisión de que los fondos fueran manejados y controlados por las propias embajadas, que se asegurarían de gestionarlos de manera adecuada. Esto fue motivo de orgullo para el propio presidente de Guatemala, que no perdió la ocasión en la misma entrevista de enfatizar la transparencia con la que se manejaron los recursos económicos donados:

Con la ayuda de emergencia de los primeros 10 o 15 días, nadie pudo cometer hechos de corrupción, pues solamente venían tiendas de campaña, frazadas, medicinas y alimentos. Ni bien caía el avión, se distribuían. Cuando empezó la fase de reconstrucción, el primer país que ofreció dinero fue Alemania. En ese momento yo le dije al embajador: «Háganme el favor de no mandar dinero. Encárguense  ustedes de manejar los fondos en favor de los guatemaltecos». Así fue como la Cruz Roja Alemana se  encargó de San Pedro Sacatepéquez; la de Suiza, de Santiago Sacatepéquez; la de Noruega, de Patzún y así, en otros lados. Cada país reconstruyó un lugar y nosotros no tocamos el dinero de la ayuda.

El Gobierno de Guatemala también actuó. En la misma entrevista mencionada, el presidente detalla las primeras  decisiones para hacer frente a la emergencia:

La primera fue convocar al Ejército para que saliera a las calles. El ejército dejó guardados los fusiles y con palas,  piochas, azadones y carretillas principiaron a descombrar. Luego, insté al alcalde Leonel Ponciano de León, un buen  trabajador, para que reinstalara lo más pronto posible el  servicio de agua potable. Gestioné yo mismo con la Empresa Eléctrica y dos días después, ya estaba restablecido el  servicio. Lo que no teníamos eran comunicaciones, porque se cayeron muchos postes del telégrafo y había pocos radios. En cada colonia se formó un comité de vigilancia [...] El 4 de  febrero, como a las siete de la noche, tuve la primera junta de  gabinete en la Fuerza Aérea Guatemalteca, para empezar a unir esfuerzos. Entonces tuvimos que incentivar a la gente para que volviera al trabajo lo antes posible. Nadie se rajó.

La labor de coordinar el Comité Nacional de Emergencia ―CONE― recayó en el general Guillermo Echeverría Vielman. En una entrevista concedida a la periodista Lucy Barrios en 1998, Echeverría Vielman destaca los escasos recursos de los que disponía, al menos inicialmente, y la importancia que tuvo poder contar con personal del ejército para retirar escombros:

Horas después del desastre, en 218 municipios había daños y a las 10 horas recibimos 3600 pedidos de auxilio, pero sólo teníamos 4 helicópteros por la emergencia. Afortunadamente, decidimos enviar a un oficial a cada  municipio, con la orientación de que hiciera uso de su  iniciativa, fiara medicinas, víveres y combustibles. Sesenta  mil miembros del ejército fueron puestos a mi disposición para descombrar.

[...] El terremoto encontró al CONE en cero de personal, comunicaciones e instalaciones. Nos agarró carentes de todo, salvo un poco de planificación para atención de desastres. En el comité éramos tres: un chofer, un secretario y yo. Pero el ejército tenía preparado un batallón administrativo que iba a servir para una operación en el norte, y fue puesto a mi disposición.

Al CONE le acompañó en los esfuerzos de recuperación otra institución creada el 18 de marzo de 1976, el Comité Nacional de Reconstrucción ―CNR―. Con una estructura piramidal, estaba compuesto por comités departamentales, municipales y de aldea, y de él formaban parte 300 personas.

Los efectos del terremoto no solo se notaron en términos de pérdidas de vidas humanas y destrucción material. Una de sus principales consecuencias tuvo que ver con cambios demográficos que modificaron la configuración de la ciudad capital para convertirla, en gran medida, en lo que conocemos hoy en día. Alfonso Yurrita Cuesta, prestigioso arquitecto que formó parte del equipo de reconstrucción, describe así la situación:

Según las estadísticas, la migración del campo a la ciudad fue altamente sensible. Guatemala se fue llenando de asentamientos humanos, la mayoría por personas producto de la migración del interior. Con el CRN recién fundado, Laugerud ordenó que iniciaran de inmediato los trabajos de «galerización», debido a que en las zonas 2, 3 y 6 un noventa por ciento de las construcciones de adobe cayeron, 40% de la red hospitalaria nacional estaba destruida y otros centros de salud también sufrieron daños sustanciales [...] Aumentaron las invasiones a las laderas de los barrancos de las zonas 3, 5 y 6, y surgieron lotificaciones ilegales. El surgimiento de más habitantes representó en poco tiempo, un verdadero problema en el servicio de transporte urbano, agua y luz eléctrica en la capital. El Estado estableció políticas para el reasentamiento de estas personas, y un porcentaje alto de los afectados fueron reubicados en colonias con los servicios básicos. (Yurrita 2019, párrs. 2-3)

La migración del campo hacia la ciudad se intensificó tras el terremoto, pues mucha gente quiso huir de las zonas del interior del país que habían quedado arrasadas en diferentes proporciones. La situación se complicaba aún más, pues cuando llegaban a la capital se encontraban grandes extensiones también destruidas. Sin embargo, no todo fue negativo. Lo crítico de la situación favoreció la cooperación social y la asociación de individuos con el objetivo de ayudarse. De estos nuevos espacios de convivencia nacieron también espacios de discusión e intercambio de ideas con respecto a cómo afrontar la situación generada por el terremoto. Fue así, gracias a la sociedad civil organizada, como se ayudó a los heridos, se curó a los enfermos, se enterró a los muertos y se consiguió agua y comida para los que carecían de ella.

Con el tiempo, todas las personas que se habían trasladado a la capital ―o que ya vivían en ella, pero habían tenido que buscar otro lugar para vivir― y que habían acabado asentándose en barrancos y otras zonas carentes de las condiciones mínimas se integraron en grupos de presión que trataban de conseguir la legalización de la tierra que habían ocupado. Algunos de estos grupos buscaron el apoyo de otras organizaciones con mayor presencia e influencia social y política, especialmente la Iglesia católica y los sindicatos. Esta alianza, además de ser beneficiosa, era natural, pues aquellos que buscaban regularizar la situación de sus viviendas ante el Estado, también eran trabajadores. Lo anterior nos permite entender por qué una de las consecuencias del terremoto de 1976 es el resurgimiento de un movimiento sindical fuerte.

También hubo consecuencias de otro tipo, tanto en el campo como en la ciudad:

• Por un lado, el Ejército adquirió una presencia aún mayor en la vida cotidiana guatemalteca, ya que los militares fueron los encargados de gran parte de la labor de desescombro y reconstrucción. Simultáneamente, la época de relativa calma que había llegado con el liderazgo conciliador del general Laugerud fue llegando a su fin cuando esos mismos militares interpretaron el resurgimiento de los grupos sindicales como la antesala de la vuelta a la violencia revolucionaria. 
• Por otro lado, en el campo también se produjo un cambio. Hasta la segunda mitad del siglo XX, el campesinado indígena de Guatemala había tendido a destacar las diferencias culturales de los diferentes pueblos e, incluso, de sectores dentro del mismo pueblo. Un ejemplo es el de los ixiles, que diferenciaban dentro de su propia etnia entre los urbanos y los de las montañas. En los años 70, derivado de que varias regiones tuvieran que hacer frente a retos similares como consecuencia del terremoto, se comenzó a restar importancia a estas diferencias y comenzaron a prestar más atención a aquello que tenían en común. Este cambio de mentalidad aumentó la cooperación y coordinación entre la población indígena, que comenzó a organizarse en ligas campesinas. 

Con el paso del tiempo, estas organizaciones campesinas buscaron alianzas con otros grupos de presión con mayor influencia y se integraron, por ejemplo, en el CNT. Esta incorporación fue bienvenida por los actores urbanos, que lo consideraron un primer paso en la conformación de guerrillas indígenas.

Una de las organizaciones campesinas más importantes fue el Comité de Unidad Campesina ―CUC―, que nació en Quiché a mediados de los años 70 y que, según Morna Macleod (2017), tuvo mucha influencia de la teología de la liberación. También hubo una fuerte vinculación con el Ejército Guerrillero de los Pobres ―EGP―.