La sociedad civil es un término que se refiere a aquello que no puede ser clasificado como estatal o con fines de lucro. Es una amalgama de instituciones intermedias; es decir, organizaciones creadas a nivel privado por libre asociación entre individuos, donde son capaces de trabajar juntos para conseguir fines en común. La sociedad civil requiere de organización, por lo que los ciudadanos de un país son partícipes de la sociedad civil solamente si son parte activa de un grupo que actúa en conjunto (Ingram 2020; Ostrom 2000; Tocqueville 2002). 

Es cierto que la sociedad civil sirve como un contrapeso al poder estatal o de otros centros de poder. Sin embargo, instituciones como la Iglesia católica o comités de vecinos pueden clasificarse como sociedad civil. No toda la sociedad civil participa en temas de política nacional o activismo. Cualquier actividad que va más allá de la acción individual, pero que se encuentra fuera del ámbito formal del Estado, puede considerarse como sociedad civil en la edad moderna (Ingram 2020; Ostrom 2000; Tocqueville 2002; WEF 2018). 

La sociedad civil es clave como productor de servicios públicos a nivel local. Los Estados modernos buscan crecer y arrogarse nuevas funciones, pero no significa que sean eficientes al desempeñarlas necesariamente. La sociedad civil, compuesta por instituciones intermedias, puede dar servicios en menor escala, pero con más calidad y rendición de cuentas. Por ejemplo, un Estado puede fallar en limpiar las aguas de cuerpos de aguas como ríos y lagos si simplemente prohíbe la contaminación. En estos casos, las personas que viven cerca de un lago pueden organizarse para limpiar el cuerpo lacustre, organizando un sistema de turnos para retirar basura y pactando soluciones como el desvío y tratamiento de agua sucia. Este tipo de arreglos puede ser útil para otros servicios como salud y educación (Ostrom 2000; Tocqueville 2002). 

A nivel político, la sociedad civil tiene un rol protagónico en la democratización de los países. Como retan el poder estatal, estas instituciones intermedias pueden ejercer presión externa para influenciar las políticas que el Gobierno busca imponer sobre la sociedad. Estos grupos pueden ser instrumentales para la caída pacífica de dictaduras, sirviendo como base para partidos políticos que propongan sistemas democráticos liberales. Sirven como un fiscalizador informal de las acciones del Gobierno, pudiendo denunciar abusos que normalmente quedarían impunes (Ingram 2020; OAS 2024; UN s.f.; WEF 2018). 

Si bien un sistema político puede democratizarse formalmente por una apertura de las élites políticas a raíz de la presión internacional, la consolidación de un régimen democrático liberal exige una sociedad civil activa que demande un gobierno limitado. Sin una sociedad civil fuerte, las probabilidades de que un Gobierno se vuelva autoritario son más altas al no existir contrapesos informales y externos (Dickovick e Eastwood 2016; Tocqueville 2002; WEF 2018).