La contrainsurgencia es el uso de elementos militares y no militares de un Estado para derrotar a una insurgencia en combate militar, en la política y en la mentalidad de las personas. Por su parte, una insurgencia es una rebelión armada, organizada para derrocar a un Gobierno que usa elementos de guerras irregulares y estrategias no militares como proselitismo y sobornos. Una insurgencia usa dos tipos de violencia: guerra de guerrillas contra las fuerzas militares y terrorismo contra los civiles. Considerando esto, el Estado busca que su contrainsurgencia derrote la guerrilla e impida el terrorismo (Guarnaccia 2021; MCoE 2018). 

La contrainsurgencia no es una acción militar exclusivamente. De hecho, su carácter político y civil es más importante. No solo se trata de derrotar militarmente a un grupo armado interno, sino de impedir que vuelva a surgir. Busca garantizar la legitimidad del Estado; es decir, que los actores políticos lo vean como un sistema válido dentro del cual se puede operar. Asimismo, busca obtener la simpatía de la población civil, algo que tiende a describirse como «ganarse los corazones y las mentes». Con estos elementos sociopolíticos, se busca desincentivar unirse a cualquier insurgencia futura (MCoE 2018; Plakoudas 2020). 

Una contrainsurgencia puede terminar de cuatro maneras: (1) victoria para el Estado, (2) victoria para la insurgencia, (3) acuerdos de paz o (4) estancamiento. Una victoria para el Estado implica la derrota del grupo guerrillero, así como el rechazo de la ciudadanía a buscar soluciones violentas de nuevo. Una victoria de la insurgencia implica el derrocamiento del Estado y su posible suplantación. Los acuerdos de paz son un fin de hostilidades negociado, donde la guerrilla acepta dos cosas: desmovilizarse militarmente y volverse un partido político más del sistema. A su vez, el Estado se compromete a reformarse para que no haya incentivos para futuras insurgencias. Finalmente, un estancamiento implica un empate. Ninguna de las dos partes gana definitivamente. Cada quien controla un área, con enfrentamientos ocasionales (MCoE 2018; Plakoudas 2020). 

Dentro de la ciencia militar, la contrainsurgencia es particularmente complicada. Existe fuera de la ley internacional que regula la guerra, ya que no es un enfrentamiento entre los dos ejércitos de dos países enemistados. Se trata de una lucha del Estado contra algunos de sus civiles levantados en armas. Es difícil distinguir al enemigo, ya que se pierde entre la población general. Además, la existencia de una insurgencia implica que los ciudadanos desconfían masivamente de su propio Estado. Recuperar esa confianza es complejo, sobre todo si se tiene apoyo de alguna fuerza extranjera que puede verse como un ejército de ocupación. En muchos sentidos, las contrainsurgencias son guerras eternas que no se ganan definitivamente. Por ende, muchos países practican la contrainsurgencia preventiva: quieren evitar que el descontento político normal degenere en una insurgencia (Guarnaccia 2021; MCoE 2018, O’Hanlon 2008; Plakoudas 2020). 

En el caso de Guatemala, la solución final a la contrainsurgencia fue la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, en el gobierno de Álvaro Arzú. Si bien el Ejército tuvo dos victorias militares casi definitivas, una a inicios de los setenta y otra a inicios de los ochenta, la insurgencia nunca dejó de existir. Los Acuerdos de Paz llevaron a que las guerrillas unificadas bajo la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca ―URNG― se volvieran un partido político formal. Así, obtuvieron representación en el Congreso, a través de las urnas. Los acuerdos también mandaban varias reformas constitucionales y la reducción del ejército. Las reformas iban orientadas a la justicia para las víctimas del enfrentamiento y al reconocimiento de las comunidades indígenas. La mayoría no fueron aprobadas en referéndum. Sin embargo, el Ejército sí fue reducido, lo que limitó su capacidad de reaccionar a dos amenazas nuevas: los cárteles del narcotráfico y las maras (Galicia 2015; PNUD 2010).