El levantamiento militar ocurrido el 13 de noviembre de 1960 es más bien un antecedente del inicio del enfrentamiento armado, pues un grupo de los oficiales jóvenes que participaron en la acción decidieron no acogerse a la amnistía decretada por el Gobierno y pasaron a los países vecinos para organizar una lucha armada en contra del régimen del presidente del momento, el general Miguel Ydígoras Fuentes, pero el planteamiento rebelde aún carecía de contenido ideológico más allá de la oposición al ydigorismo.

El hecho más exacto sería la fundación de las primeras Fuerzas Armadas Rebeldes —FAR—, en diciembre de 1962, cuando los oficiales rebeldes agrupados en el MR-13 se unieron con el grupo denominado 20 de Octubre, conformado por militantes del Partido Guatemalteco del Trabajo —PGT— (partido comunista), y un grupo de estudiantes universitarios y de enseñanza media organizados en el Movimiento 2 de Abril, optan por la lucha armada como medio para lograr un cambio de régimen político en Guatemala, dirigidos políticamente por las directrices emanadas desde el PGT.

Estas protestas surgidas de un incidente que involucró a estudiantes universitarios fue creciendo en apoyo desde las organizaciones estudiantiles de la educación media y desde el magisterio, uniéndose luego otras organizaciones, incluyendo a la Juventud Patriótica del Trabajo —JPT—, brazo juvenil del PGT. Estas movilizaciones demostraron que organizar el descontento en contra del Gobierno era posible; sin embargo, el involucramiento de la JPT, que trató de tomar el control del movimiento de protesta, debilitó al movimiento.

La experiencia dejó como enseñanza, para algunos estudiantes políticamente radicalizados, que las protestas en sí mismas eran una manifestación del descontento o de la oposición al Gobierno, pero que la lucha debía organizarse de forma más efectiva. Muchos creyeron que el juego democrático era insuficiente para lograr cambios estructurales y, por lo tanto, la lucha armada era el vehículo más viable para lograr un cambio de régimen político, como lo había demostrado, según los que sostenían este planteamiento, la Revolución cubana.

Fue el primer intento de crear una guerrilla que desafiara al Gobierno de Guatemala, planteando como su objetivo el cambio del régimen político, considerado injusto. Fue organizado por el PGT, quien propuso la inserción de un foco guerrillero en la región norte del departamento de Guatemala, colindante con los departamentos de Quiché y Baja Verapaz. Su comandante sería el militar revolucionario Carlos Paz Tejada y estaba conformado principalmente por estudiantes universitarios.

Sin embargo, la zona elegida para insertar al foco guerrillero resultó una elección fatal, debido a la falta de cobertura boscosa. Esto los hizo fácilmente localizables por los vecinos, quienes denunciaron su presencia a las autoridades militares, que desplegaron un operativo militar que, en cuestión de horas, eliminó a la columna guerrillera, capturando a once sobrevivientes y matando a un número igual de sus integrantes.

Sí, porque sus principales dirigentes —1962-1971— eran oficiales del Ejército que se habían entrenado en escuelas de los Estados Unidos, especializadas en lucha contrainsurgente —rangers— y que, tras el levantamiento del 13 de noviembre, rechazaron la amnistía decretada por el Gobierno.

En términos generales, sí. Había cierta disposición a enfrentarse con el Gobierno por varios motivos. Muchos oficiales consideraban que el modelo político surgido tras la liberación en 1954 se había agotado, sin ofrecer un cambio en las condiciones del país, derivando en un régimen acusado de corrupción e ineficacia, que buscaba mediante acciones espectaculares distraer la atención de los ciudadanos. 

La presencia de exiliados cubanos entrenándose en Retalhuleu para derrocar al gobierno de Fidel Castro también causó malestar dentro de las filas del Ejército, que aún no había superado la rendición sin lucha impuesta por sus altos mandos, en 1954, tras la invasión del Ejército de Liberación Nacional, dirigido por el coronel Carlos Castillo Armas. La circunstancia de que existiera otra organización armada, constituida por extranjeros, establecida en el país, lesionó las concepciones de orgullo nacionalista y de defensa nacional dentro de las cuales se había educado a los miembros del Ejército.

Por último, el creciente malestar de la sociedad, manifestado explosivamente en las jornadas estudiantiles de marzo y abril de 1962, convenció a muchos cuadros del Ejército de la incapacidad de los políticos de poner orden en el país, por lo que su intervención fue ganando campo como la única solución para salvar al país del caos.

El golpe de Estado del Ejército, que asumió el poder de forma institucional, al mando del ministro de la Defensa, coronel Enrique Peralta Azurdia, terminó por cerrar los espacios políticos que se habían venido clausurando tras la llegada de la Liberación en 1954, provocando una radicalización de la población que simpatizaba con las ideas de la izquierda democrática y no democrática. El golpe de Estado vino a confirmar en la mente de muchos que la opción de la lucha armada era la única herramienta para lograr un cambio político en el país.

Desde un punto de vista político, sí. Esto porque basó el régimen jurídico del Estado en un principio de exclusión que, aunque permitía en cierta forma la participación política de la izquierda, creó un sistema de control —democracia tutelada—, mediante leyes que podrían actuar hasta cierto punto como un veto del Ejército frente a las decisiones políticas de los ciudadanos. 

La Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas y la Ley Electoral de Partidos Políticos cerraron la posibilidad de la participación de la izquierda, hasta dejar espacio únicamente a una «opción tolerable», que fuera posible controlar.

Sí, el pacto fue denunciado por el vicepresidente de la República, el conocido periodista Clemente Marroquín Rojas, y consistió en que, a condición de respetar el resultado electoral de 1966, el presidente electo se comprometía a no interferir en las operaciones militares contrainsurgentes que se llevaban a cabo en el oriente del país en ese momento, en contra de las FAR y el MR-13.

En principio posibilitó que el Ejército lanzara una ofensiva militar contrainsurgente en los departamentos de Zacapa e Izabal, en el oriente del país, a finales de 1966, derrotando militarmente a las guerrillas rurales ya para 1967, y pasando luego a una ofensiva en contra de las estructuras urbanas, eliminando su retaguardia económica y operativa. La muerte del comandante Marco Antonio Yon Sosa, en un enfrentamiento con tropas mexicanas, a orillas del río Lacantún, en 1971, marcó el fin de la primera generación de guerrillas en Guatemala.

El teórico de la lucha contrainsurgente, el coronel francés Roger Trinquier, en su libro Modern Warfare, preveía el involucramiento de la población civil en la lucha contra la guerrilla, en la conformación de agrupaciones de autodefensa. 

Bajo esta concepción, en Guatemala surgieron cuerpos clandestinos que en principio se organizaron para defenderse de los secuestros y extorsiones que realizaban las guerrillas y luego pasaron a enfrentarse a las guerrillas en sus mismos términos, según aseguraban sus comunicados. La más importante de la primera época —1966-1970— fue la Nueva Organización Anticomunista —NOA—, que secuestraba, torturaba y asesinaba a personas a las que acusaba de pertenecer a las organizaciones guerrilleras. En Guatemala estas agrupaciones han sido poco estudiadas y, aunque en su momento se acusó a ciertas personas de pertenecer a ellas o de organizarlas o dirigirlas, estas acusaciones nunca se comprobaron.

Según algunos autores, como McClintock y Jonas, el primer escuadrón se organizó dentro del Ejército como un comando especial, denominado Special Commando Unit of the Guatemalan Army o SCUGA, que estuvo activo al parecer de 1966 a 1968 y luego se disolvió, organizándose otros cuerpos clandestinos con elementos de la Policía Nacional o la Policía judicial. También surgieron escuadrones de la muerte en el área rural, según se afirma, organizados por propietarios de fincas o comerciantes, para defenderse de las extorsiones y secuestros de la guerrilla.

El terremoto, que afectó a una gran área del país ubicada en el altiplano central, radicalizó las demandas de la población rural que quedó desprotegida al destruirse sus casas y afectar sus campos de cultivo. En la ciudad de Guatemala, también afectada en los barrios populares, la población migrante del interior aumentó la presión sobre la municipalidad, que no pudo absorber esta oleada de desplazados y no pudo prestarles servicios. De esta forma los asentamientos improvisados fueron extendiéndose en la periferia de la ciudad o en sus barrancos, creando un cinturón de miseria donde la precariedad de la vida fue la norma.

Adicionalmente, la década de los setenta vio crecer los índices de inflación de forma galopante, causando una pérdida significativa en el poder adquisitivo de la población, a la vez que los salarios fueron quedando atrás, insuficientes para la subsistencia de los trabajadores. Este escenario económico fue aprovechado por organizaciones revolucionarias, como el PGT, para plantear la necesidad de retomar la lucha armada y abandonar las medidas legales que hasta ese momento venían agotando los sindicatos y ligas campesinas para reivindicar sus derechos.

En este escenario, el PGT trató de revivir a las organizaciones campesinas surgidas durante la década revolucionaria —1944-1954— en el campo guatemalteco, principalmente en la Costa Sur. El contacto de estas organizaciones con los campesinos damnificados por el terremoto en el altiplano tuvo como resultado el surgimiento del Comité de Unidad Campesina —CUC—, que surgió como organización de masas campesinas de una nueva guerrilla que se venía organizando desde 1973, luego de la escisión de las FAR tras la ofensiva militar de 1967, el Ejército Guerrillero de los Pobres —EGP—. Esta tendría como teatro de operaciones el noroccidente del país, en los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Chimaltenango.

La situación económica que enfrentó el país luego del terremoto, con altos índices de inflación y una considerable pérdida del poder adquisitivo del dinero, fue radicalizando a las organizaciones sindicales, que veían que los mecanismos legales eran muy lentos y optaron por adoptar medidas de hecho, aunque estas fueran ilegales. Ahora se sabe que muchos miembros de los sindicatos pertenecían clandestinamente a las FAR o al PGT, organizaciones revolucionarias que pudieron manipular a los movimientos de masas como instrumentos para crear las condiciones objetivas que creían necesitar para detonar una revolución. Es decir que, usando las reivindicaciones legítimas del movimiento sindical, buscaron propiciar un momento álgido que permitiera una insurrección popular que diera lugar a una revolución. Esta situación explosiva parecía estar sucediendo en El Salvador en ese mismo momento, por lo que se contagió el entusiasmo.

Las reivindicaciones laborales y las exigencias gremiales para beneficio de los trabajadores derivaron en la incitación de violencia política y los llamados a hacer la revolución, como se puede leer en las pancartas desplegadas durante las marchas conmemorativas del 1 de mayo y del 20 de octubre de 1979. El resultado de esta instrumentalización de las organizaciones sindicales fue una ola de represión que desató el Gobierno entre 1976 y 1978, con miras a desactivar esta nueva amenaza, lo que llevó a desapariciones y asesinatos selectivos de sus principales dirigentes para descabezar a la organización sindical.

Sí, la Revolución sandinista tuvo el mismo impacto que en su momento tuvo el triunfo de la Revolución cubana, dos décadas antes. Las organizaciones revolucionarias se llenaron de optimismo, creyendo que el éxito era replicable en Guatemala, alimentando una militancia combativa, que en cierta forma abandonó la prudencia, sobreestimando su capacidad militar y subestimando la capacidad de combate del Ejército de Guatemala, que venía transitando un largo camino de modernización y especialización en la lucha contrainsurgente.

De hecho, en la época fue repetido constantemente un lema que decía: «Nicaragua ayer, El Salvador hoy, mañana Guatemala», haciendo alusión clara a la esperanza de que el triunfo sandinista detonara en una seguidilla de triunfos revolucionarios en la región.

Las masacres contra la población civil, mayoritariamente indígena, en Guatemala, no se pueden entender ni puede pretenderse explicarlas fuera de su contexto. El Ejército Guerrillero de los Pobres —EGP—, una organización guerrillera surgida del encuentro de exmilitantes de las FAR y activistas laicos y religiosos de la Iglesia católica, sumergidos en la Teología de la Liberación, estructuró su lucha considerando la participación obligatoria de la población en la lucha revolucionaria. Para ello creó las llamadas Fuerzas Irregulares Locales —FIL—, haciéndolas partícipes de su esfuerzo militar, dándoles entrenamiento e involucrándolas en acciones frente al Ejército de Guatemala. La existencia de las FIL envió un mensaje de capacidad militar completamente desproporcionado, pues muchos de sus miembros no contaban siquiera con un arma.

Por su parte, el Ejército de Guatemala recibió ese mensaje y realizó despliegues de fuerza para enfrentar a esa capacidad guerrillera sobreestimada, respondiendo con una violencia inusitada, que los dirigentes de la guerrilla o no previeron o bien, engañados por su propia propaganda, creyeron que podían enfrentar y contener con sus fuerzas. 

La campaña militar de 1980-1981, lanzada en el altiplano noroccidental del país fue una típica operación de castigo contra la población que se creía militaba en la guerrilla, causando grandes pérdidas de vidas humanas, alimentadas por la propia guerrilla que desplegaba banderas en comunidades o bien por declaraciones considerando zonas del país como «zonas liberadas». Sin embargo, la ofensiva militar no pudo ser contenida por el EGP, quien optó por retirarse a zonas más seguras para reorganizarse, en Alta Verapaz, dejando a las poblaciones indígenas comprometidas completamente desprotegidas. El resultado fue un alto número de aldeas destruidas, población civil asesinada y un gran número de desplazados internos a zonas consideradas seguras bajo el control del Ejército o bien que optaron por refugiarse en México.

Tomando el control de las FIL, el Ejército optó por transformarlas en fuerzas auxiliares de combate, surgiendo las Patrullas de Autodefensa Civil —PAC—, que llegaron a constituirse en una efectiva fuerza contrainsurgente que acompañaba al Ejército en sus operaciones. Las PAC marcaron una segunda época de violencia en el altiplano, pues fueron utilizadas para identificar y suprimir a los militantes de las guerrillas en las áreas rurales y para controlar a la población. En cierto modo, las masacres son el resultado del enfrentamiento entre fuerzas contrainsurgentes —militares y paramilitares— y poblaciones civiles a las que se consideró se habían levantado o rebelado en contra del Gobierno, integrándose en las filas del EGP. Este fue el contexto de las masacres en el altiplano guatemalteco entre 1982 y 1984.

El golpe de Estado que se ejecutó el 23 de marzo de 1982 fue la consecuencia de un Ejército desgastado en operaciones de castigo, dirigidas contra la población civil, que a todas luces estaba logrando lo opuesto a su objetivo. Los oficiales que realizaban las operaciones en el campo se dieron cuenta muy rápidamente de que los oficiales superiores, que planificaban la guerra desde sus escritorios en la ciudad de Guatemala, ignoraban por completo la realidad operativa de las fuerzas en la montaña y entendieron que, de seguirse con esa línea de acción, se iba a perder la guerra.

En términos simples, el Ejército cayó en la trampa puesta por el EGP, de acuerdo con la cual, ante más represión gubernamental, la población terminaría por levantarse en su contra, provocando una insurrección popular, que sería el vehículo para la toma del poder por parte de la organización revolucionaria. Una nueva generación de oficiales se dio cuenta de que la estrategia del Ejército debía cambiar si se quería ganar la guerra. El golpe de Estado fue entonces una forma de replantear la conducción de la guerra y de liberar al Ejército de las presiones de la política.

Porque los planteamientos estratégicos que promovieron el golpe de 1982 no se lograron, pues el general Ríos Montt se interpuso y trató de desacelerar las medidas que exigían los oficiales operativos. La violencia contra la población civil no disminuyó, sino que se recondujo, comprometiendo el resultado. El golpe estaba fragmentando de forma peligrosa a la institución castrense, interrumpiendo la cadena de mando y creando rivalidades entre superiores y subordinados, que podían terminar en incidentes irreparables, pues los grupos de interés estaban conformando camarillas internas. Por esto es que el general Óscar Humberto Mejía Víctores anunció el movimiento como un «relevo en el mando», dando a entender que, aunque se estaba sustituyendo al jefe de Gobierno, la remoción se daba por un acuerdo interno de la institución armada. Fue algo así como un movimiento burocrático.

Para los promotores y ejecutores del golpe del 23 de marzo de 1982, uno de los planteamientos más urgentes fue el de convocar a elecciones lo más pronto posible, puesto que las elecciones celebradas habían sido señaladas de ser fraudulentas para permitir el triunfo electoral del favorito del presidente Lucas García, el general José Aníbal Guevara. Sin embargo, el jefe de Estado de facto, general Ríos Montt, decidió postergar la convocatoria a las elecciones hasta que él lo considerara prudente, comprometiendo a la institución armada en su esfuerzo por continuar la guerra. El retorno a la democracia era vital para debilitar los discursos que legitimaban la lucha guerrillera, y por ello el proceso de retorno a un proceso democrático se consideró estratégico para ganar la guerra.

Cuando el general Mejía Víctores asumió la jefatura de Estado, creó una comisión liderada por el coronel Chavarría, de destacada actuación durante las tareas de reconstrucción luego del terremoto de 1976, para diseñar una hoja de ruta para entregar el poder a los civiles, con un horizonte que no excediera de 1985. Así se planteó la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que emitiera un nuevo texto constitucional y leyes de primer grado que permitieran el retorno a la democracia en el país.

Fundamentalmente, porque el retorno a la democracia no era uno de los objetivos de la lucha revolucionaria, aunque para efectos de propaganda internacional era un componente constante del discurso. El objetivo político de la guerrilla era provocar un cambio del régimen político y crear un Estado socialista. Al asumir la presidencia Cerezo, la guerrilla inició una campaña internacional de descrédito, acusando al Gobierno de haber negociado con los militares la permanencia en el poder, como una forma de desacreditar el proceso democrático y para justificar el mantenimiento de la lucha revolucionaria.

No obstante, dentro de las filas de las organizaciones guerrilleras hubo un intenso debate sobre la conveniencia o no de mantener la lucha armada como vía para acceder al poder. Dentro del EGP incluso se dio lugar a una escisión de la cual surgió una nueva organización, Octubre Revolucionario, quien, aliado con el PGT, buscó un espacio para la opción política, frente a una férrea oposición del EGP que incluso trató de eliminarlos físicamente. 

Se debe tomar en cuenta que desde aproximadamente 1984 las organizaciones guerrilleras vieron seriamente limitadas sus capacidades combativas y se replegaron a zonas remotas con la intención de reconstruirse. De hecho, a partir de ese momento, las guerrillas se dedicaron al sabotaje económico, destruyendo infraestructura clave del Estado, pero evitando la confrontación con las fuerzas militares que habían logrado mantener su presencia en amplias zonas del país. Para mantener limitada esta capacidad militar, el Ejército lanzó, a finales de 1986, una ofensiva sostenida en contra del EGP y la ORPA, que se mantendría hasta el final de la presidencia de Cerezo.

De hecho, la creación misma de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca —URNG—, en 1982, por presiones de Cuba, a condición de seguir con el apoyo económico y político de las organizaciones, fue una forma de aceptar que las organizaciones en lo individual —FAR, ORPA, EGP y PGT— no estaban cerca de lograr sus objetivos estratégicos. En realidad, la URNG sirvió como un frente político internacional más que como un frente único militar, pues las organizaciones continuaron con sus acciones de forma individual, hasta finales de la década de 1980, cuando se creó el llamado Frente Unitario en el suroccidente del país, que combinó fuerzas de combate de la ORPA y del EGP y algunos remanentes de combatientes del PGT.

En realidad, la comandancia de la URNG, es decir, los mandos superiores de las distintas organizaciones revolucionarias, que radicaron en el extranjero tras la ofensiva militar de 1982, decidió mantener la lucha armada como una forma de mantener una limitadísima presencia militar, para seguir blandiendo en el extranjero las razones de su lucha, aunque el país ya se estaba moviendo en otra dirección. Mientras que perdía presencia en el terreno guatemalteco, obligada por el Ejército a establecerse en zonas remotas del país —norte de Quiché, alrededor del volcán Tajumulco o en las faldas del volcán Atitlán—, incrementaron la ofensiva diplomática. La guerra económica en contra del Estado, con la destrucción de infraestructura vital —puentes, destrucción de carreteras, voladura de infraestructura eléctrica—, se vio comprometida con el colapso del bloque soviético, por lo que las acciones ilegales para financiar a las organizaciones se incrementaron, con secuestros y extorsiones. En tanto, la URNG en sus oficinas en México, España o los países escandinavos continuaba su trabajo político de denuncia y descrédito sobre el gobierno de turno y contra del Estado, para mantener una posición de fuerza frente a las eventuales negociaciones de paz.

La influencia de los EE. UU. en Guatemala durante la Guerra Fría fue, por lo menos, dispar. En líneas generales, desde 1954 hasta el golpe militar de 1963, el apoyo fue significativo, con grandes programas de apoyo para el desarrollo económico y un amplio programa de asistencia militar —MAAP— para la modernización del Ejército. Este apoyo se retomó, ampliándolo a planes de modernización de la policía y de la burocracia estatal y retomando el MAAP. Sin embargo, se interrumpió en 1974, cuando el Gobierno de Guatemala rechazó la asistencia por considerar que EE. UU. estaba teniendo injerencia en los asuntos internos del país. En consecuencia, EE. UU. emitió una suerte de «embargo» sobre la ayuda militar que se mantuvo por mucho tiempo.

Esto llevó a que Guatemala buscara otros socios para mantener aprovisionado al Ejército, como Corea, Argentina, Taiwán, Suiza y Bélgica, superando la dependencia con EE. UU. que podría comprometer el esfuerzo bélico, como le sucedió en su momento a Nicaragua. Muchos han denunciado programas secretos por parte de Estados Unidos para continuar el apoyo al Ejército, pero, hasta el momento, no se cuenta con pruebas contundentes al respecto. En consecuencia, la influencia de los Estados Unidos se mantuvo en cierta forma a raya, a costo de aislar políticamente al país hasta el regreso a la democracia en 1986.

Los primeros acercamientos entre la guerrilla y el Gobierno se dieron en secreto, principalmente en Madrid, durante la presidencia de Vinicio Cerezo. Sin embargo, durante su periodo no se pudo concretar ningún esfuerzo, puesto que el EGP persistía en la convicción de que se podía llegar al poder por la vía armada aún. Esto retrasó significativamente los contactos, pues la URNG debía actuar en forma unánime.

Para el primer lustro de la década de 1990 las negociaciones de paz ya eran un final evidente para el enfrentamiento armado interno en Guatemala. En Nicaragua, el presidente sandinista Daniel Ortega había sido derrotado en las elecciones de 1991 por Violeta Barrios de Chamorro, encabezando un frente nacional de oposición, y en El Salvador las conversaciones para terminar el conflicto avanzaban, luego que el FMLN fuera rechazado en San Salvador y otras ciudades, luego de la ofensiva de finales de 1989. En Guatemala, aunque el Frente Unitario intentaba mantener la presión contra el Ejército, este frustró los intentos de acercamiento sobre la ciudad, lanzando una ofensiva en Sacatepéquez en 1991-1992 y desmantelando un último intento de las FAR por construir un frente en el oriente del país, en el departamento de Santa Rosa.

El gobierno del presidente Serrano Elías logró acercamientos importantes con la comandancia guerrillera, gracias a la creación de la Comisión Nacional de Reconciliación, dirigida en su momento por el licenciado Manuel Conde, pero el golpe de Estado de mayo de 1993 interrumpió los acercamientos y, durante la presidencia de Ramiro de León Carpio, no hubo avances significativos ante la férrea negativa de la URNG de aceptar el cese del fuego como condición previa a entablar formalmente las negociaciones de paz. La posibilidad de que la disposición al diálogo que demostraba el Gobierno se terminara si el general Ríos Montt ganaba las elecciones presidenciales de 1995, llevó a la URNG a aceptar compromisos políticos importantes, que llevaron a establecer una mesa de diálogo con acompañamiento internacional entre la guerrilla y el Gobierno de Guatemala.

Aunque hubo intentos por parte de la URNG de romper el diálogo, mediante exigencias y posturas inflexibles en ciertos momentos, el Gobierno de Guatemala planteó una posición firme en no aceptar este tipo de vulneraciones a los avances. El presidente Arzú mantuvo permanentemente la opción de una ofensiva militar de gran escala, en caso la URNG se retirara de la mesa de negociaciones. De hecho, cuando en diciembre de 1996, días antes de que la comandancia llegara a Guatemala a firmar los acuerdos definitivos, la Iglesia católica trató de retrasar la firma de la paz, planteándole a la URNG la posibilidad de lograr aún mejores condiciones y cesiones por parte del Gobierno, el presidente Arzú amenazó con cerrar definitivamente la puerta a las negociaciones y pasar al plano exclusivamente militar.

Ahora sabemos que la presión mantenida por el Gobierno sobre la comandancia de la URNG para aceptar los términos negociados en los Acuerdos de Paz se debió al temor de que las organizaciones guerrilleras mutaran hacia narcoguerrillas, como había sucedido en Colombia.