El 11 de mayo de 1988, aproximadamente nueve mil efectivos del Ejército de todo el país se pronunciaron para dejar constancia del descontento que reinaba en no pocos sectores de la institución militar. Ese mismo día, el general Héctor Gramajo anunció en una rueda de prensa que la situación estaba estabilizada. A pesar de que no fue a mayores, quedaba claro que había luchas internas dentro del Ejército y que el ala dura intentaba frenar las negociaciones de paz.

Una vez solventada esta disputa, no tardaron en producirse otros intentos de golpes de Estado técnicos que, si bien no buscaban necesariamente revertir el nuevo orden constitucional, sí buscaban imponer la agenda de los sectores más conservadores. Les molestaba especialmente que el presidente Cerezo se hubiese reservado para sí las decisiones gubernamentales relacionadas con la seguridad. Así explicaba el propio Cerezo el contexto y algunas de sus conversaciones con militares:

Eran cambios muy rápidos. A eso se suma que en el discurso inaugural informé que se buscaría firmar la paz. Eso no estaba en el esquema del ala más conservadora del ejército, que ansiaba un triunfo militar sobre la guerrilla [...] Dos oficiales me preguntaron si yo era una sandía, verde por fuera y roja por dentro, [...] y si el triunfo en las urnas significaba un paso hacia la rendición incondicional. Despejé sus dudas y les aseguré que unas de las tácticas para la consolidación democrática era buscar la paz. El país estaba en bancarrota [...] No podíamos costear la guerra, y en un país en conflicto es difícil aspirar al crecimiento económico. Uno de los oficiales pidió la palabra y afirmó que mi discurso podía considerarse como alta traición a la patria. Dos más lo secundaron. Por ello se les impusieron sanciones disciplinarias. Se les reveló de su mando y se les envió a estudiar afuera. Ellos estuvieron involucrados en la primera intentona golpista, el 11 de mayo de 1988. (Colmenares 2014, 17)

Otro de los intentos de golpe de Estado se dio en el mes de agosto del mismo año, 1988. En este caso, los golpistas contaban con fuerza aérea, lo que hacía la situación más delicada por fortalecer la situación de los rebeldes. Días antes, el ministro de la Defensa, Héctor Gramajo, había recorrido el país para reunirse con los líderes del descontento —tras haber oído los rumores de que algo así podría ocurrir— en un intento de aplacar los ánimos y buscar una solución diferente a la crisis. Los militares levantados tenían demandas muy específicas:

•     el presidente Vinicio Cerezo debía presentar su renuncia;
•     el canciller Alfonso Cabrera debía seguir su camino;
•     y lo mismo se esperaba del ministro Gramajo.

Las propias peticiones de los golpistas hicieron aguas en el momento en el que la persona que ellos esperaban que tomara el relevo, el vicepresidente —Roberto Carpio—, se negó a formar parte del plan y decidió ser fiel a su amigo y superior, el presidente Cerezo. A cambio, Gramajo pensó en otra salida: ofreció la renuncia del ministro de Economía, Lizardo Sosa, en un intento de aplacar una de las quejas de los militares, que señalaban la continua incapacidad del Gobierno para enfrentar los diferentes retos económicos del país. Finalmente, los helicópteros, que habían llegado a sobrevolar la Casa Presidencial, se retiraron.

El otro gran reto del Ejército en estos años fue combinar la lucha contra la guerrilla con la lucha contra el narcotráfico. Destaca la operación llevada a cabo en Petén en noviembre de 1988, en colaboración con otros cuerpos, como la Policía Nacional, que se saldó con la eliminación de ocho plantaciones de marihuana.

A finales de 1988, el Ejército anunció que veintidós campesinos habían sido asesinados en una aldea llamada El Aguacate —departamento de Chimaltenango—. Pese a que la primera reacción de la ORPA fue intentar negarlo y acusar al Ejército de intentar tenderles una trampa, finalmente se confirmó que la masacre había sido perpetrada por una columna llamada Javier Tambriz. Las víctimas habían muerto tratando de encontrar a Carlos Humberto Guerra Callejas, un ayudante del comisionado militar que había desaparecido. Según relataron después miembros de la ORPA, murieron estrangulados (Santa Cruz 2004). Episodios como este pusieron, sin duda, aún más presión sobre las ya debilitadas guerrillas, que pese a reclamarse superiores moralmente, una vez más demostraron que, al igual que el Ejército, en ocasiones atacaban también a población civil.

En 1989, el Gobierno solicitó al Ejército información acerca de cómo se encontraba la URNG. El general Gramajo (1955) resumió así la situación al presidente:

• en 1986, cuando tomó posesión el Gobierno, la URNG contaba con aproximadamente 3500 combatientes que tenían armas, entrenamiento y motivación ideológica;
• y, en 1989, la cifra de combatientes se redujo a 1000 y estaban mucho menos preparados, tanto ideológica como militarmente.

Otra señal de su mala situación era la falta de una tercera generación de líderes que pudieran suceder en los puestos clave a aquellos que llevaban ya, en algunos casos, dos décadas. En vista de la crisis en la que estaban inmersas, también aumentaban las deserciones en los escalafones inferiores, sobre todo en la ORPA. Además, si bien es cierto que el armamento seguía llegando desde Cuba y Nicaragua —y Cuba seguía contribuyendo con financiación—, la isla se encontraba en una situación cada vez más delicada: la Rusia soviética, que estaba inmersa en su propia crisis, amenazaba con dejar de servir de respaldo para las necesidades de Fidel.

Sin embargo, también sucedían hechos que demuestran que no estábamos frente a guerrillas inoperantes. Aunque no hay tanta claridad acerca del hecho —el Ejército siempre sostuvo que se trató de un accidente—, en abril de 1989 un avión militar se estrelló en el departamento de Quiché. El vehículo protegía a una serie de helicópteros que llevaban alimentos a Uspantán. Inmediatamente, la URNG se adjudicó el mérito de la exitosa operación de derribo, algo que el Ejército negó. Días después, esta vez sin ninguna duda de la participación de la guerrilla, el coronel José Lizandro García Arandi fue asesinado en Huehuetenango mientras realizaba labores rutinarias. Era la primera vez en años que un militar de alto rango moría fuera de combate, por lo que la noticia tuvo bastante repercusión.

El comandante Santiago, al que ya hemos citado antes, describe que la mejora en el equipamiento militar del Ejército era evidente:

Los militares lograron perfeccionar sus esquemas de dislocación, trabajo de inteligencia y soporte logístico para unas Fuerzas de Tarea más numerosas y experimentadas. Esto implicaba la utilización de diversos recursos, desde la atención alimenticia caliente y fría, pasando por el aspecto médico, el apoyo aéreo, el ablandamiento artillero, hasta lo relacionado a sus comunicaciones tácticas. (Santacruz 2004, 154)

El Ejército también contó con tres helicópteros tipo Chinook aportados por Estados Unidos. Más sorprendente es, quizá, que el debilitamiento de la guerrilla en cuanto a hombres no se contagiara también al ámbito de los recursos militares: contaban también con fusiles Galil, minas antipersona, lanzacohetes, M-16 y AK-47, entre otros recursos. Lo más sorprendente estaba aún por llegar.

1. La CIA ayuda a la guerrilla

Producto de una investigación originalmente desarrollada por el Miami Herald, ahora sabemos que la proveniencia de parte de ese equipo tan sofisticado fue la propia CIA. Estados Unidos suministró armas a la ORPA con el objetivo de atraer al comandante sandinista Edén Pastora para que liderara un frente de la Contra nicaragüense. Como paso previo a una conversación más formal, el propio Pastora, que asesoraba a la guerrilla guatemalteca, solicitó a la CIA armamento como señal de buena voluntad. Inicialmente, y como era de esperar, la URNG negó esta relación con la CIA. No obstante, existen varios testimonios que confirman esta versión: 

• el propio general Gramajo contó que esto coincidió con un momento en el que el Ejército se percató de una mejora en el armamento de la guerrilla;
• el mismo general afirmó que se encontró equipo estadounidense entre las pertenencias de los guerrilleros;
• el Miami Herald expuso que el mismo Edén Pastora confirmó la información, así como otro miembro de la guerrilla;
• y también el agente de la CIA involucrado, Duane Clarridge, confirmó esta versión de los hechos en sus memorias.

En 1989, la URNG se enfocó en una estrategia de propaganda armada en el área rural, especialmente en la ocupación de fincas:

Ya no es extraño que las columnas de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) ocupen una finca y mantengan como rehén al administrador, al que algunas veces «ajustician», mientras ocasionan destrozos, hacen un mítin y entregan una carta al propietario de la finca. (Revista Crónica 1989b, 21)

El 9 de mayo de 1989, algunos sectores del Ejército de Guatemala volvieron a alzarse en contra del gobierno de Cerezo. En esta ocasión, la señal que identificaba a los golpistas era un pañuelo azul que se anudaron al cuello. El día amaneció con tanques y tropas rodeando las residencias del ministro de la Defensa —el general Gramajo— y del jefe del Estado Mayor —el general Callejas y Callejas—. Para forzar las negociaciones y lograr una mejor posición, en esta ocasión, los golpistas secuestraron a la familia del propio ministro, incluyendo a sus hijos pequeños. Este hecho es de suma importancia, pues rompió un código de honor que establece que las familias deben mantenerse al margen.

Cuando Gramajo se enteró de la captura de su familia, ordenó de forma inmediata su liberación, negándose a iniciar ningún tipo de conversación mientras los tuvieran como rehenes. La pronta reacción de los comandantes de Mariscal Zavala y de la Guardia de Honor fue clave, pues, a pesar de que el rumor se trataba de un levantamiento generalizado y de que gran parte del resto del Ejército solo esperaba una señal para sumarse al alzamiento, entraron en acción con gran rapidez. Así, las tropas que permanecieron leales al Gobierno salieron a la calle y fueron convenciendo a los alzados —en un tiempo aproximado de tres horas— de deponer las armas y volver a sus bases.

Una vez controlada la situación, Cerezo dio una rueda de prensa de gran dureza, especialmente si la comparamos con la reacción pública del Gobierno en intentonas anteriores. En esta ocasión, el presidente informó de que se trataba de un intento de subvertir el orden constitucional. Anunció también medidas ejemplarizantes, que incluían la destitución de los responsables y su persecución judicial.

Aunque las peticiones iniciales de los golpistas eran diversas —algunos pedían la destitución del ministro de la Defensa, otros del de Gobernación y otros la renuncia del presidente— varios de los actores involucrados en la situación han compartido diferentes interpretaciones al respecto:

• el general Gramajo señaló como una posibilidad que el golpe fuera una reacción a lo que habían destapado una serie de investigaciones y auditorías dentro del Ejército: anomalías en el manejo de fondos;
• el abogado defensor de los golpistas —José Carlos Acevedo— señaló en el juicio que se trató de una respuesta ante las injusticias que se vivían dentro de la institución armada: falta de recursos para combatir, bajas injustificadas ordenadas por el ministro de la Defensa, etc.;
• y Vinicio Cerezo, en cambio, consideró que hubo un trasfondo económico: miembros del sector privado, en el contexto de una reforma tributaria, convencieron a miembros del Ejército de sublevarse en un intento de mostrar resistencia.

Fueran los motivos los que fuesen, lo cierto es que esta intentona terminó fortaleciendo el sistema democrático, puesto que puso a prueba a los altos mandos del ejército y estos demostraron, afortunadamente, que su compromiso con la Constitución de Guatemala estaba por delante de los lazos personales que pudieran tener con los golpistas o con la propia institución a la que pertenecían. En una reflexión de Samuel Blake (1994), difícilmente aquellos militares que aquel día defendieron al gobierno de Cerezo lo hicieron por alguna inclinación personal; al contrario, lo hicieron en el entendimiento de que proteger la posición del presidente y del ministro era defender el orden democrático y constitucional, y eso estaba por encima de todo lo demás.

En 1989, un grupo de 200 guerrilleros —probablemente de la ORPA— que se encontraban en las montañas cercanas tomaron San Miguel Dueñas y San Juan Alotenango, dos municipios de Sacatepéquez muy cercanos a la Antigua Guatemala. Tras tomar una subestación de policía y apropiarse de las armas, concentraron a la población con la intención de que asistiera a su mitin. Entre los guerrilleros había niños de entre once y catorce años que participaron en la distribución del mensaje, que denunciaba la explotación y ofrecía la protección de la guerrilla para los habitantes del lugar.

La situación se descontroló cuando un vehículo en el que viajaba un civil, que cruzaba por el poblado, se negó a parar cuando los guerrilleros se lo indicaron. Ante el acto de desobediencia, los guerrilleros abrieron fuego y varias personas resultaron heridas, entre ellas niños. Finalmente, el Ejército, alertado por lo sucedido, acudió al lugar de los hechos para capturar a los responsables. Los análisis posteriores trataron de explicar la razón por la que la guerrilla eligió el lugar. Una posibilidad es que la intención fuera magnificar artificialmente la percepción que la población —nacional e internacional— tenía de la capacidad de ataque de la guerrilla sabiendo que un evento de estas características a tan solo 35 kilómetros de la capital tendría un impacto mediático notable.

Si tomamos en consideración el contexto internacional y la situación de los aliados revolucionarios fuera de Guatemala, la guerrilla guatemalteca tenía, al menos, tres razones por las que estar preocupada:

• en primer lugar, el líder de la Unión Soviética era Mijail Gorbachov, quien a través de una serie de reformas —uskoréniye (aceleración), glásnost (liberalización, apertura, transparencia) y perestroika (reconstrucción)— acabó con, entre otras cosas, la ayuda militar a Centroamérica; 
• en segundo lugar, a pesar de un destacado esfuerzo del FMLN de El Salvador por hacerse con el control de la capital, la respuesta del ejército del país vecino logró evitar su éxito. La causa revolucionaria seguía fracasando y la deseada insurrección popular que las guerrillas esperaban seguía sin llegar en El Salvador —como seguía sin llegar en Guatemala—; 
• y en tercer lugar, Nicaragua, el país que daba esperanza al resto de guerrillas centroamericanas, vio aumentar el descontento de la población con el régimen sandinista. En 1989, en un momento de crisis política y económica, el Gobierno aceptó convocar unas elecciones que se celebraron en 1990. El resultado electoral dio la victoria —con un 41 %— a la oposición.

Ante este panorama desolador para la causa revolucionaria, resulta lógico pensar que la estrategia de ataque a una región tan cercana a la capital trataba de contribuir a crear una sensación de peligro que forzara o adelantara la negociación de la paz en unas condiciones más favorables para la guerrilla. Por otro lado, esos tres eventos contribuyeron también a relajar el ambiente de paranoia anticomunista, ya que, ahora más que nunca, parecía que la amenaza disminuía.