La nueva era democrática trajo consigo la celebración de elecciones para elegir a los miembros de la nueva Asamblea Nacional Constituyente, la institución encargada de redactar la Constitución. En la convocatoria electoral participaron quince partidos y, a pesar de ello, la abstención y el voto nulo fueron los grandes protagonistas. Finalmente, se eligieron ochenta y ocho representantes en un proceso electoral que se consideró legítimo y en el que los vencedores fueron la coalición MLN-CAN, la DC y la UCN.

Esta nueva fase de la historia política de Guatemala fue también apoyada por un sector del Ejército, que había dejado claro que buscaba la transición a la democracia y que quería la entrega del poder a los civiles. Entre ellos se encontraba el general Gramajo, que lo explica así en sus memorias:

La «desmilitarización» del gobierno militar fue una parte importante del proceso de liberalización política. El Ejército vio esta acción como su desenganche de las obligaciones del sector público civil; gobernar el país era difícil y complicado, y desviaba a los mejores oficiales a la ejecución de tareas civiles [...] Para el 31 de mayo de 1985 ningún oficial militar retirado o en servicio activo tenía un cargo civil en el gobierno. (Gramajo 1995, 232)

Las elecciones generales se celebraron en Guatemala a finales de 1985. Los principales resultados fueron los siguientes:

• Democracia Cristiana —DC— fue el partido triunfador de la primera vuelta;
• en segundo lugar quedó la Unión del Centro Nacional —UCN—;
• en tercer lugar, y dando una sorpresa, quedó la coalición PDCN-PR;
• y destaca la participación del Partido Socialista Democrático —PSD—, aunque únicamente consiguió el 3 % de los votos.

Al no obtener ningún partido la mayoría absoluta en primera vuelta, se celebró la segunda, en la que Marco Vinicio Cerezo Arévalo —candidato de Democracia Cristiana— ganó con un 68 % de los votos. Es interesante destacar que la campaña de Vinicio Cerezo hizo énfasis en la búsqueda de la paz como requisito previo al desarrollo del país. En ese sentido, se puede deducir de su victoria la postura de los guatemaltecos con respecto al conflicto para ese entonces.

A pesar de que la llegada de la democracia fue el evento más importante, en torno a la mitad de la década de los ochenta, tuvieron lugar en Guatemala otros dos eventos de importancia:

• en 1984 se creó el Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento de Familiares Desaparecidos —GAM—, fundado por Nineth Montenegro tras el secuestro de su marido, Fernando García, simpatizante del PGT. Este grupo tenía relación con la URNG. 
• a finales de 1985, el aumento en el precio del transporte urbano provocó protestas en las que hubo muertos y heridos. Finalmente, tras la presión popular, el Gobierno revocó la medida. 

De forma simultánea a la llegada de la democracia, el Ejército siguió avanzando en su lucha contra el PGT, que comenzó en 1985 recibiendo un importante golpe. Gracias al testimonio de un militante capturado en 1984, se encontraron las instalaciones de un estudio de fotografía, dirigido por el fotoperiodista Mauro Calanchina, y que en realidad era la imprenta que el PGT utilizaba para generar licencias de conducir, pasaportes, cédulas, propaganda, etc. Sin embargo, no fue solo el PGT el que se encontraba en una situación difícil en el año 85, también los frentes urbanos de la ORPA y el EGP se vieron atacados, y, como consecuencia, siguieron debilitándose.

Los grupos guerrilleros también continuaron en su lucha. Es de esta época un caso que ilustra la forma de actuar de las organizaciones revolucionarias: nos referimos al caso de Antonia López. El 2 de julio de 1984, esta mujer, originaria de Huehuetenango, fue contactada por miembros del EGP para acudir a Ciudad de México. Para entonces, llevaba dos años buscando a su hija, Gisela Irasema López —alias «Beatriz»—, a quien había perdido el rastro tras un viaje a Nicaragua en el año 1982.

Antonia había tratado de obtener información acerca del paradero de su hija del propio EGP, organización en la que Gisela entró a los dieciséis años. Una vez en México, según relata la propia Antonia a la revista Crónica, un grupo de personas armadas del EGP le informó que su hija había sido fusilada por la propia organización tras haber sido considerada culpable de «entregar recursos de la organización» (Velásquez y Blanck 1998). Esta situación no fue única y tampoco fue negada por otros miembros del EGP. 

Ricardo Ramírez —alias «Rolando Morán»—, quien fue comandante en jefe del EGP, explicó y justificó acciones como esta de la siguiente manera:

[eran] situaciones extremas, pero no rutinarias, porque una guerra es un proceso turbulento con hechos delictivos imposibles de evitar, sobre todo cuando hubo un enfrentamiento encarnizado, violento y de conmoción social tan grande como el que ocurrió en Guatemala. (Castañeda y López 1998a).

Este mismo tipo de respuesta prevaleció entre los militares cuando fueron acusados de muertes en el contexto del enfrentamiento armado. Puesto que las organizaciones guerrilleras no entregaron sus archivos una vez finalizada la guerra, es difícil cuantificar cuántos casos como este se produjeron. Lo que podemos afirmar, sin duda, es que no fue el único.

El primer paso hacia la búsqueda de la paz estuvo en una reunión secreta en la que participaron tanto representantes del Gobierno como militares y representantes de los grupos guerrilleros. Vinicio Cerezo también inició una segunda estrategia de acercamiento en el escenario intencional, consistente en una serie de reuniones con presidentes centroamericanos para conseguir su apoyo en el proceso. En mayo de 1986, se realizó una reunión, que recibió el nombre de Esquipulas I —el nombre del municipio de Chiquimula en el que tuvo lugar— y de la que, a pesar de las buenas intenciones de los presidentes centroamericanos, hubo pocos resultados tangibles. Cuba, sin embargo, que no formaba parte de este equipo diplomático, dio un paso adelante mostrando su apoyo e interés en que se abriera un proceso de negociación entre el Gobierno de Guatemala y la URNG.

La segunda cumbre centroamericana, Esquipulas II, se celebró el 7 de agosto de 1987. De la misma salió un documento importante que lleva por nombre «Procedimiento para establecer una Paz Firme y Duradera en Centroamérica». En este documento se aborda la necesidad de establecer un proceso de negociación y la voluntad común de encontrar en los mecanismos que las democracias proveen la vía para solucionar los muchos problemas presentes en la región, y para los cuales, en muchos casos, la vía armada había prevalecido. La primera reunión entre la guerrilla guatemalteca y el Gobierno nos la relata Carroll Ríos de Rodríguez (1989):

The first meeting between revolutionary leaders, the government, and the army representatives took place in Madrid, Spain, in 1987. Both sides approached the reunion cautiously, and no agreement was reached. Vinicio Cerezo’s representatives restated the position that the guerrillas could embrace the offer for amnesty, disdain violence, and participate in the democratization of the country. URNG representatives said they refused to depose arms, and suggested the government had to make various concessions before they would end the war. (98)

La postura dentro del Ejército con respecto a la búsqueda de la paz variaba de un sector a otro: algunos eran partidarios de la negociación, mientras que otros mantenían el deseo de continuar hasta eliminar militarmente a las guerrillas. La vuelta al sistema democrático tampoco fue sencilla, ya que las amenazas y rumores de golpes de Estado fueron constantes. En este clima de inestabilidad, el general Héctor Alejandro Gramajo se convirtió en ministro de la Defensa.

1. La violencia continúa

Mientras el cambio político y los esfuerzos por la búsqueda de la paz seguían su curso, el enfrentamiento seguía en Guatemala. Especialmente en el año 1987, aumentó la conflictividad. La guerrilla llevó a cabo varias acciones de sabotaje, como el corte de carreteras y la destrucción de puentes, lo que a su vez llevó a una respuesta del Ejército. Una de las tácticas utilizadas por las fuerzas armadas en esta nueva etapa consistió en la infiltración de la propia guerrilla utilizando a ciudadanos:

[se crearon] guerrillas falsas, formadas por aldeanos voluntarios debidamente entrenados y conocedores del área, hábitos y lenguaje de la guerrilla, pertrechados con equipo y armamento capturado, de tal suerte que no existiera la mínima diferencia para confundirse con las guerrillas que merodeaban el área e infiltrarse sin mayores contratiempos en sus campamentos para causar el máximo daño desde adentro. (Ventura 2012, 166)

La revista Crónica, una fuente extraordinaria durante todo el enfrentamiento, expuso en su primer número de 1988 un balance del año que acababa de concluir: 

Los sitios en los que se registraron más combates entre la guerrilla y el Ejército fueron los departamentos de El Quiché, El Petén, Huehuetenango, Sololá, San Marcos y Quetzaltenango. En otras partes del país también se registraron cruentos combates a tal grado que uno de ellos duró 72 horas, del 10 al 12 de julio en los municipios de San Lorenzo y San Juan Sacatepéquez [...] A finales de octubre un grupo de reporteros fue testigo casual de un enfrentamiento en Ixcán entre el frente Manuel Tot y fuerzas de la institución armada [...] En Santo Domingo Suchitepéquez, la ORPA ataca una estación de policía y se apodera de las armas cuando ocupaba la población. En Caba, en la región de Ixcán, se realizó una emboscada a una patrulla militar donde murieron 14 soldados [...] Del 27 al 30 de diciembre, cuatro helicópteros del ejército fueron averiados y 21 bajas les fueron causadas por la URNG en acciones realizadas en El Quiché y Petén. (Revista Crónica 1988l, 15

2. Cambios demográficos

Los estallidos de violencia y la inestabilidad generaron muchos desplazamientos internos durante el enfrentamiento armado. Algunos huían del Ejército y otros de la guerrilla, pero en la mayoría de los casos el destino final fue el mismo: la capital. El resultado de estos intensos flujos migratorios hacia un mismo sitio dio lugar a una escena dramática. La ciudad era incapaz de ofrecer oportunidades al mismo ritmo al que llegaba la gente, por lo que se convirtió en una escena habitual ver a familias indígenas vagando por las calles en busca de algo para comer.

Consecuencia de ello fue la multiplicación de asentamientos carentes de servicios —muchos de ellos en los barrancos— que solo podían ofrecer una forma de vida precaria para sus habitantes.

En términos generales, los cabezas de familia de estos hogares no tenían mayor conocimiento de lo que era la ciudad antes de que se vieran obligados a venir a vivir a ella. Una cuarta parte no la conocía y en casi la mitad de los casos, algunos de los jefes de la familia habían realizado alguna visita esporádica. Este último hecho señala el papel central que la capital juega en el sistema urbano de Guatemala, que obliga a la gente de diversos departamentos a movilizarse hasta ella para realizar sus gestiones y algunas compras. Sin embargo, ello no significa que suponga una experiencia de vida urbana. (Bastos y Camus 2004, 51)

La incapacidad de responder de forma eficiente a la urgente situación derivó en un empeoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la capital en general.

3. Economía y reformas

Por sumar un factor más a esta situación, el contexto económico general del país no era el mejor. Si bien es cierto que en 1987 hubo crecimiento, este fue más bien modesto. Además:

• subieron las tarifas de la energía eléctrica
• el quetzal cayó llegando a Q2.25 por dólar
• y había más de un millón de desempleados

Todos estos factores contribuyeron a que la delincuencia común aumentara, lo que incentivó el inicio de una importante reforma por parte del Gobierno que comenzó con la disolución de la Dirección de Investigaciones Técnicas —DIT, más conocida como Policía judicial—. Con el fin de esta institución se quiso terminar con una oscura historia que incluía, entre otros escándalos y atentados en contra de la legalidad, ejecuciones extrajudiciales.

El objetivo de Vinicio Cerezo era crear un nuevo cuerpo de policía que no estuviera vinculado a ninguna tarea relacionada con el enfrentamiento armado y que se especializara únicamente en la protección ciudadana. La eliminación de la DIT dejó sin trabajo a muchos cuya forma de vida había sido la violencia y, en el corto plazo, la criminalidad aumentó. Sin embargo, a pesar de este contexto difícil, el Gobierno logró cumplir y continuar con sus avances vinculados a lo acordado en Esquipulas II.

En septiembre de 1987 se creó la Comisión Nacional de Reconciliación —CNR— una organización que nace con el objetivo de comenzar los esfuerzos de negociación con la guerrilla y cuyos miembros pertenecían fundamentalmente a dos esferas: la Iglesia católica y la clase política guatemalteca. Al frente de todo este equipo se situó el obispo Rodolfo Quezada Toruño, quien fue nombrado coordinador. La respuesta de la guerrilla a este primer acercamiento no fue el esperado, ya que establecieron una serie de condiciones necesarias para sentarse a negociar:

Los insurgentes exigieron

• el cese del fuego, 
• el desmantelamiento de las PAC y los polos de desarrollo, 
• la libre locomoción en el área rural, 
• el respeto pleno a los derechos humanos, económicos y sociales, 
• la reestructuración de los aparatos de seguridad y definición de las zonas desmilitarizadas
• y la negativa de abandonar las armas y acogerse a la amnistía. (Robledo 2009, 55)

Una posible lectura de esta dura posición puede ser una sobreestimación por parte de la guerrilla de cuáles eran sus fuerzas reales, ya que el establecimiento de tantas exigencias era esperable por parte de aquel que se considera fuerte para negociar. Sin embargo, la percepción que el Ejército tenía a esas alturas era muy diferente; veía a la guerrilla más como una molestia que como una amenaza real.

En el año 1988, el Ejército aumentó la presión sobre el EGP y la ORPA. En lugar de una estrategia basada solo en el uso de la violencia, el objetivo fue atraer para sí la base popular que tenía la guerrilla. Para ello, utilizaron tanto propaganda como distribución de alimentos. La señal más evidente de que la estrategia tenía éxito fue el cambio de postura de la guerrilla con respecto a la negociación. De la posición inicial en la que se habían negado a abandonar las armas para sentarse a negociar, pasaron a una postura más abierta y flexible, y así lo hicieron saber a través de los medios de comunicación.

Ahora era el gobierno de Cerezo el que tomó una posición dura. Sintiéndose seguro de los avances que se estaban dando en el escenario militar, desestimaron las peticiones de la guerrilla, que tuvo que recurrir a la Iglesia católica como mediadora para lograr algún avance. Finalmente, la guerrilla se vio obligada a ofrecer algo más para hacer más atractivo el escenario de negociación: aceptó el cese al fuego durante las negociaciones. Incluso así, Cerezo rechazó la propuesta de negociación de la URNG. Pablo Monsanto, comandante en jefe de las FAR, contestó tratando de poner en aprietos al Gobierno por su posición:

si ellos no acceden al diálogo, este sistema militarista va a seguir construyéndose en el obstáculo principal para la democratización del país. Y, en la medida que no se democratice el país, la lucha política se agudizará, la polarización de fuerzas seguirá dándose y la guerra tendrá que continuar. (Revista Crónica 1988h, 20)