En 1978, se vivía un clima de excitación política por las elecciones generales de marzo. Los principales candidatos eran:

1. el coronel Enrique Peralta Azurdia, caudillo del golpe militar de 1963, apoyado por el Movimiento de Liberación Nacional —MLN—;
2. el general Romeo Lucas García, candidato de la coalición del Partido Institucional Democrático —PID—, el Partido Revolucionario —PR— y el Comité Aranista Organizado —CAO—;
3. y Ricardo Peralta Méndez, candidato del Frente Nacional de la Unidad, una coalición entre la Democracia Cristiana —DC—, el Partido Revolucionario Auténtico —PRA— y el Frente de Participación Popular —FPP—.

Las elecciones se llevaron a cabo en un ambiente de apatía, debido a la sospecha de fraude en las elecciones de 1974. El abstencionismo llegó al 64 % y los rumores de fraude electoral empezaron a correr el mismo día de las votaciones. Los resultados fueron los siguientes:

La toma de la presidencia del general Lucas García se dio en medio de un contexto de creciente polarización. La suspensión repentina del recuento de votos y la forzada designación del ganador de las elecciones que lo llevaron a la presidencia provocaron un rompimiento entre la derecha:

1. por un lado, la derecha heredada de la Liberación, agrupada alrededor del MLN;
2. y, por otro lado, la derecha surgida del golpe de Estado de 1963, consolidada en el PID, el partido de los militares.

Esta situación se tradujo en un inicio vacilante del gobierno de Lucas García. La necesidad de aceptación del nuevo Gobierno se consolidó en la idea de imponer el orden a cualquier precio.

Los meses previos a la toma de posesión estuvieron llenos de sobresaltos. En diciembre de 1977, distintas acciones guerrilleras, como el asesinato de Luis Canella y el secuestro de Roberto Herrera Ibarguen, incrementaron las tensiones. Sumado a esto, las marchas de denuncia y protesta por lo ocurrido en Panzós evidenciaron la capacidad de movilización de las organizaciones populares consideradas cercanas al partido comunista. En 1978, continuaron las manifestaciones de denuncia y conflictos laborales en el país.

En este ambiente de tensión y confrontación, inició, en agosto de 1978, una nueva jornada de protestas masivas. El Gobierno tomó estas manifestaciones como un desafío a su nueva autoridad. Así, la represión violenta de la movilización social se convirtió en el principal recurso para mantener el orden.

El 4 de agosto se realizó una manifestación convocada por el CNUS, como rechazo a una serie de despidos masivos en el país. Esta movilización se realizó sin los permisos correspondientes, por lo que fue disuelta por un pelotón de la Policía Nacional. Como consecuencia, el CNUS denunció la represión del Gobierno y anunció una posible llamada a la huelga general. Ante la situación, el presidente Lucas manifestó su interés en reunirse con los movimientos sindicales y populares para conocer sus objetivos. El 29 de septiembre recibió a una delegación del CNUS. Sin embargo, la reunión no tuvo el efecto esperado. El 1 de octubre, el CNUS convocó a una huelga general y la Policía Nacional intentó reprimir el movimiento. Los enfrentamientos continuaron durante varios días y alcanzaron su máxima intensidad el 13 de octubre, cuando el CETE llamó al paro general, provocando que la Policía interviniera con toda su fuerza.

La cúspide de la violencia de 1978 fue el asesinato del secretario general de la AEU, Oliverio Castañeda de León, quien fue perseguido por policías vestidos de particular y ejecutado a balazos durante la conmemoración de la Revolución del 20 de Octubre. Este mensaje dejó claro que los tiempos de apertura y tolerancia del Gobierno habían terminado y que no se dudaría en golpear a las organizaciones legales si se sospechaba de que tenían vínculos con estructuras clandestinas, como en el caso de la AEU y sus conexiones con la JPT y el PGT. En definitiva, la visión de la lucha de masas como un componente de la guerra popular revolucionaria fue recibida por Lucas García como un desafío que no estaba dispuesto a tolerar.

A medida que el gobierno de Lucas García avanzaba, el espacio político de cualquier tipo de oposición se fue cerrando y dejando poco espacio para el disenso. Cualquier comentario en contra de la administración pública era tachado de comunista y las personas corrían peligro de eliminación física. Los operadores de esta represión fueron los cuadros de la fuerza pública que llegaron al poder con el presidente Lucas:

1. el director de la Policía Militar, el coronel Germán Chupina Barahona;
2. y el jefe del cuerpo de detectives, policía judicial, Manuel de Jesús Valiente Téllez.

Estos nombramientos correspondían al denominado «Plan Aurora», cuyo objetivo «era mantener y garantizar el orden público garantizando la institucionalidad del gobierno» (Sáenz de Tejada 2011, 211).

La extrema polarización inundó el ambiente en Guatemala y el sector que había llegado al poder no estaba dispuesto a perder su posición. El Gobierno dejó claro que quien no estaba con ellos estaba contra ellos. Esto se evidenció en 1979 con el asesinato de Alberto Fuentes Mohr, reconocido líder de la oposición, y, dos meses después, con el asesinato de Manuel Colom Argueta, líder del FUR. Según un cable emitido por la Embajada de los Estados Unidos el 29 de noviembre de 1979, el vicepresidente Villagrán Kramer fue advertido de que él era el siguiente en la lista de ejecuciones.

Parece ser que el motivo de los asesinatos de Fuentes Mohr y Colom Argueta fue la formulación del Frente Democrático Contra la Represión —FDCR—, del que se sospechaba que pretendía dar espacio a las FAR. Este frente tenía por objetivo «denunciar en Guatemala por todos los medios los actos represivos que se cometen contra cualquier sector popular democrático, así como difundir a nivel internacional tales actos y demandar solidaridad concreta con el pueblo de Guatemala» (ASIES s. f., 573). En su fundación participaron el CNUS y sus organizaciones de base, las organizaciones del magisterio, asociaciones estudiantiles, organizaciones religiosas y los partidos FUR y PSD. Para entonces, la ola de violencia y represión era tan fuerte que incluso la CIA advertía el incremento de la violencia política:

A partir de agosto de 1980, el Gobierno de Guatemala —GOG— sancionará un fuerte aumento en el asesinato de izquierdistas por sus diversos servicios de seguridad que operan bajo la apariencia de su movimiento de derecha nacional, el ejército secreto anticomunista —ESA—. Esta decisión se basa en la creencia de que la eliminación de [...] marxistas [...] ha sido efectiva para obstaculizar las actividades de los movimientos radicales. (Rostica 2017, 37)

La violencia parecía abarcar a todo el espectro social. El año de 1980 fue particularmente violento con la prensa. El 16 de octubre, la periodista Irma Flaquer fue secuestrada. El suceso estuvo lleno de controversias y acusaciones de todos los bandos. Al inicio, se responsabilizó al Gobierno, pero, luego, otras versiones acusaron a la propia guerrilla. Con el paso de los meses, se descubrió que Flaquer había sido ejecutada por las FAR por ser considerada un agente infiltrado por el Gobierno en la organización.

Otra acción que aumentó el ambiente de violencia y represión fue el asesinato del coronel retirado Máximo Zepeda Martínez, acusado de haber dirigido el escuadrón de la muerte llamado NOA. La respuesta ante el asesinato fue brutal. El escuadrón de la muerte ESA anunció que por la muerte de cada militar o miembro de las fuerzas de seguridad a manos de las organizaciones revolucionarias, ejecutaría a 11 militantes de la guerrilla.

La segunda mitad de 1980 también estuvo marcada por el regreso de los atentados con bombas en lugares públicos. El más impactante, realizado por el EGP, fue el estallido de un carro bomba frente al Palacio Nacional, que causó la muerte de 8 personas.

La violencia política fue cerrando las opciones de las posiciones moderadas que también sufrieron ataques. En consecuencia, las posiciones de centro fueron desapareciendo del espectro político, marcándose claramente solo dos opciones dominantes:

• la izquierda revolucionaria militar;
• y la derecha cada vez más extrema.

La violencia política también acabó con los líderes partidarios de la democracia. Esto tuvo dos efectos:

1. eliminó la opción democrática de la izquierda por considerarla voluble y posible víctima de la cooptación de organizaciones revolucionarias;
2. y permitió una plataforma política de derecha en la que el Ejército, por medio del PID, mantuvo el dominio de la política nacional.

Esta violencia hizo que los militantes de la izquierda democrática vieran la acción militar como la única vía para sobrevivir y tumbar al Gobierno, por lo que se sumaron a la lucha armada. La ola de violencia también tuvo un efecto del lado de los militares, pues algunos asumieron posturas críticas frente a la situación:

Lucas García pertenecía a un grupo de oficiales [...] dedicados a acumular riqueza de la forma que fuera. Otros [...] los criticaron por perder de vista el papel político clave del Ejército en sus ansias de poder económico. Gramajo y sus aliados militares llevaron a cabo una campaña de rectificación a principios de los ´80, cuando sacaron de importantes puestos de comando a los oficiales miopes [...] e impusieron la disciplina necesaria para librar su guerra contra la población civil. (Levenson 2007, 195)

La Universidad de San Carlos de Guatemala se convirtió en un actor clave tras su traslado a la Ciudad Universitaria en la zona 12. El camino hacia la radicalización ideológica inició en 1978 con la elección de Saúl Osorio como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y la modificación del plan de estudios alrededor del marxismo. El área común de Ciencias Económicas se convirtió en la puerta de entrada para atraer a los estudiantes a las filas del PGT. Esta forma de reclutamiento se repitió en las demás facultades, convirtiendo a la universidad en un espacio de adquisición de militantes para el partido. Es así como el presidente Lucas puso su mira en la USAC y desató una ola de represión en su contra.