Una reforma agraria es una política de Estado ofrecida por ciertos grupos políticos que buscan reestructurar la tenencia de la tierra en un sistema político. En esencia, es una intervención estatal que busca darles tierras a algunas personas mientras se les quita a otras. El trasfondo de esto es asumir que la propiedad de la tierra implica tener una cuota de poder. Esto es especialmente relevante en economías agrarias donde la economía depende de actividades agrícolas (ESCWA 2012; Tai 1974; Tuma 2023). 

La reforma agraria se volvió una propuesta común en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Eso no significa que no existiera antes, sino que se popularizó como propuesta partidista en un mundo con política cada vez más competitiva y participativa. Debe hacerse ver que las reformas agrarias no son cuestión exclusiva de una sola ideología. Por ejemplo, tanto las dictaduras comunistas como las anticomunistas propusieron estas reformas (ESCWA 2012; Tai 1974; Tuma 2023). 

En Asia, las dictaduras nacionalistas, como la de Corea del Sur y Taiwán en los 50, hicieron reformas agrarias para expropiar tierras de terratenientes japoneses que conquistaron esos países en torno al año 1900. El objetivo era que los locales, no una élite que ellos veían como oligarquía extranjera, pudieran usar la tierra para el país y su modernización económica. En América Latina, la reforma agraria se volvió una de las propuestas insignia del bando completamente opuesto: los comunistas (Tai 1974; Tuma 2023). 

La argumentación en el caso de los comunistas latinoamericanos iba más relacionada a empoderar al campesino. En el caso de países con poblaciones indígenas significativas que tienden a coincidir con el campesinado, la reforma agraria también tiende a adoptar una dimensión étnica y hasta autonomista. Sin embargo, no debe perderse de vista la verdadera razón de la propuesta: quitarle el poder a una élite para crear otro tipo de régimen implantando una nueva élite (Tai 1974; Tuma 2023). 

En el caso específico de Guatemala, la reforma agraria fue una cuestión que la administración de Jacobo Árbenz intentó implementar. Bajo una argumentación de ayudar a los hambrientos sin tierra, la intención real era quitarle tierras a la United Fruit Company (UFCO). Esta empresa estadounidense contó con varios monopolios otorgados por los Estados centroamericanos a lo largo del siglo XX (Luján 1998; Tuma 2023).  

En este punto, debe resaltarse el gran derecho vulnerado por cualquier reforma agraria: el derecho a la propiedad privada. En esencia, cualquier reforma agraria implica la expropiación de tierras privadas. Esto no es correcto, ya que el derecho de propiedad es inherente a la humanidad (Hayek 2017). 

Las reformas agrarias de corte comunista tienden a argumentar que la distribución desigual de las tierras es un abuso del Estado que debe corregirse con la reforma mencionada. Sin embargo, el que un actor tenga muchas tierras, y, por consiguiente, más poder según esta forma de pensar, no implica que el sistema deba ser destruido (Hayek 2017; Tuma 2023).