Las fuerzas paramilitares son grupos de civiles organizados con una jerarquía que imita la de un ejército, generalmente con armamento y capacidades de nivel militar. Estos grupos existen fuera de la institucionalidad formal del Estado y pueden actuar como su aliado o como su enemigo. Estos grupos difieren de las guerrillas en términos de sus intenciones políticas. Las fuerzas paramilitares tienen objetivos políticos limitados y específicos, dictados por los intereses de sus miembros. Por su parte, una guerrilla tiene la intención del tomar el poder del Estado para implementar su propio gobierno. Una fuerza paramilitar no busca el poder formal, sino que siempre se mantiene fuera del marco legal, para obtener sus intereses violentamente (CNMH 2018; El Kanfoudi 2023). 

Se dividen en dos tipos básicos, dependiendo de si son aliados del Estado o no. Generalmente, los grupos paramilitares ligados al Estado pelean junto al ejército en contrainsurgencias o invasiones extranjeras. Sin embargo, al estar fuera del control de las fuerzas castrenses, pueden ser usados para misiones especiales que son ilegales. En caso de no ser aliadas del Estado, estas agrupaciones pueden ser enemigas o neutrales. Pueden emerger para luchar contra el Gobierno, a manera de resistencia o sabotaje. Si son neutrales, tienden a llenar algún vacío que el Estado no cumple. Por ejemplo, los civiles pueden organizarse contra la delincuencia común, cuando el Estado no provee seguridad ciudadana (El Kanfoudi 2023).

Las fuerzas paramilitares son muy diversas en cuanto a organización y objetivos. Algunos tipos particulares son los escuadrones de la muerte. Estos grupos cometen masacres contra civiles que, en muchos casos, pueden ir más allá de los objetivos reales del ejército formal. Asimismo, existen grupos que funcionan como empresas privadas: venden sus servicios militares, pudiendo cambiar de bando según quién pague más (CNMH 2018; El Kanfoudi 2023; Provea 2020). 

Las fuerzas paramilitares surgen en general con la intención de proveer algún tipo de seguridad, entendida como el manejo del riesgo. Siguiendo esta idea, también existen fuerzas parapoliciales que suplantan la función de la policía. Se encargan del manejo de la seguridad civil dentro de un área determinada, dando servicios de supervisión o vigilancia. La diferencia esencial es el uso de la fuerza: una fuerza parapolicial no mataría a los delincuentes como lo haría una fuerza paramilitar (El Kanfoudi 2023; García-Peña Jaramillo 2005; Provea 2020).

Las organizaciones paramilitares son ilegales ante el derecho internacional. La mayoría de tratados y costumbres internacionales que regulan y limitan el comportamiento en la guerra no ven a estos grupos como legítimos, al no ser fuerzas formales. Sin embargo, juegan un rol esencial en las insurgencias y las contrainsurgencias, fenómenos militares especialmente comunes desde la Guerra Fría. Pese a la ambigüedad legal respecto a estos grupos, hay consenso internacional en que pueden ser acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Así, se pueden asignar responsabilidades, pese a la ausencia de legalidad al respecto. Esta responsabilidad penal es importante en el contexto de procesos de paz y de reconciliación nacional tras una guerra interna (García-Peña Jaramillo 2005; HRW 2000). 

Existen algunas maneras de lidiar con las fuerzas paramilitares. En el marco de un proceso de paz, se puede exigir y garantizar la desmovilización de estos grupos. En esencia, entregan sus armas a cambio de una amnistía que cubre a la mayoría de miembros, excepto a los rangos superiores. Es importante que los líderes puedan ser procesados penalmente dentro del sistema, para garantizar la justicia tras la guerra. 

Los Estados también pueden llevar a cabo reformas que desincentiven el surgimiento de grupos paramilitares. Por ejemplo, si estos grupos surgen para luchar contra la delincuencia, se puede crear una policía civil más fuerte y organizada como desincentivo. Finalmente, los países extranjeros pueden sancionar a los ejércitos que usen estos grupos para cometer actos ilegales en un intento de evadir responsabilidades al esconder que el Estado es quien manda el acto. Dichas sanciones no deben atacar a toda la economía del país, para evitar la antipatía de los locales contra la potencia extranjera (García-Peña Jaramillo 2005; HRW 2000).