La cooperación social se trata de un fenómeno donde los individuos deciden trabajar en conjunto para conseguir fines que no pueden alcanzar por sí mismos. La idea parte de que la sociedad es un concepto abstracto que solo representa a un grupo de individuos. La sociedad, en su calidad de colectivo similar al Estado, no existe de manera independiente a las personas individuales. Solo los individuos son agentes; es decir, capaces de actuar y decidir, basándose en derechos y responsabilidades claras. La cooperación social se trata de muchas acciones conjuntas simultáneas que solo existen en la medida que los involucrados las realizan (Ayau Cordón 2006; Hayek 2017; Hazlitt 2012). 

La cooperación social es uno de los pilares del libre mercado, el cual se refiere a las transacciones voluntarias acordadas entre personas para beneficio mutuo. Las personas cooperan según sus intereses individuales, no siguiendo principios abstractos como el bien común, la familia o alguna otra idea colectiva. Perseguir metas personales todo el tiempo puede parecer egoísta a simple vista, pero es la naturaleza humana y es más beneficioso a largo plazo. Las personas cooperan cuando esto se alinea con sus intereses, lo cual no implica percibir una simple remuneración económica. Los individuos también buscan satisfacción personal, aprendizaje, prestigio, bienestar espiritual y buenas relaciones con otras personas (Ayau Cordón 2006; Hayek 2017; Hazlitt 2012). 

El Estado moderno, al tener un monopolio sobre la fuerza y ser capaz de imponer leyes, es capaz tanto de facilitar como de impedir la cooperación social. Una de las teorías en torno al surgimiento del Estado es la necesidad de tener instituciones impersonales que sean capaces de hacer valer los derechos individuales frente a ataques violentos. El problema, sin embargo, radica en cuánto poder debe tener el Estado para hacer valer los derechos de todos sin que sea capaz de abusar a los individuos también. Las constituciones surgen como instrumentos políticos para limitar el poder del Estado, garantizando este balance de poder (Dragos Aligica, Boettke y Tarko 2019; Ostrom 2000). 

Un Estado con una constitución bien diseñada no solo permite, sino que facilita la cooperación social. Sirve como garante de contratos privados que sirven como acuerdos legales que formalizan la cooperación entre individuos. Al abstenerse de regular demasiado, el Estado deja en manos individuales la gestión de varios asuntos, en especial a nivel local. Una constitución mal diseñada, sin embargo, puede inhibir la cooperación social. Mientras más regule el Estado, más obliga a los individuos a hacer cosas que no quieren. Obliga a las personas a realizar acciones que pueden ir en contra de sus intereses, generando desperdicio de recursos y malestar social. Además, puede arrinconar a las personas a actuar fuera de la ley en cuestiones tan simples como la contratación para un trabajo. La cooperación social como interacción libre y privada es clave para fomentar una sociedad libre y responsable (Dragos Aligica, Boettke y Tarko 2019; Ostrom 2000).