A grandes rasgos, una constitución es la ley básica que rige un sistema político. A diferencia de las leyes comunes que regulan cuestiones específicas, las constituciones son las leyes supremas del país que determinan el funcionamiento del Estado. Toda acción del Gobierno e inclusive de la ciudadanía debe estar dentro del marco constitucional para ser válida. Delimita la forma del Estado y garantiza los derechos ciudadanos (Buchanan y Tullock 1962; Holcombe 2016). 

A nivel político, las constituciones se vuelven importantes como limitantes al poder estatal. Una de las constituciones más antiguas es la del Reino Unido. Tiene la particularidad de no ser escrita como un solo documento. Los límites al poder de la monarquía se basan en tradiciones, leyes orgánicas y reformas específicas que determinan cómo funciona el país (Hayek 2017; Panebianco 2009). 

Sin embargo, la vasta mayoría de constituciones modernas son escritas. Existen dos modelos básicos: el de garantía y el de orientación. Las constituciones de garantía empiezan con la constitución estadounidense. Estos documentos son sumamente cortos, ya que solamente se limitan a plantear las formas y funciones de las ramas del Gobierno y los derechos individuales mínimos. Este tipo de constituciones existen en sistemas jurídicos de ley común (common law), también conocida como derecho natural (Hayek 2017; Panebianco 2009).

Por su parte, las constituciones de orientación son de tradición francesa. Van un paso más allá de las constituciones garantistas, ya que indican derechos y aspiraciones para los ciudadanos y la sociedad, aunque quizá sean inalcanzables. En vez de solo defender derechos básicos, buscan crear un sistema que mejore la sociedad. Así, crean leyes que proponen modernizar la sociedad, aunque esto pueda chocar con las costumbres de los ciudadanos que rigen dichas constituciones. Este tipo de constituciones existen en sistemas jurídicos de ley civil (Hayek 2017; Panebianco 2009). 

El diseño de una constitución es esencial. Si la política dentro y fuera del Estado debe respetar las reglas del juego entendidas como el Estado de derecho o imperio de la ley, las constituciones son las reglas para hacer reglas. Por ende, tener reglas constitucionales mal diseñadas lleva necesariamente a leyes normales ineficientes y potencialmente peligrosas. Solo un buen diseño garantiza un límite al poder estatal (Buchanan y Tullock 1962; Holcombe 2016). 

En este punto, debe aclararse el rol de la flexibilidad. Una buena constitución permite la reforma de políticas públicas de acuerdo con los vaivenes políticos y las necesidades emergentes. Sin embargo, debe limitar cómo se reforma el proceso de cambiar leyes. Por ejemplo, una buena constitución permite que un congreso modifique una ley de salud o de educación, pero impide que el congreso pase estas reformas con 25 % de los votos en vez de los generalmente aceptados «50 % más uno» o una mayoría calificada de dos tercios (Buchanan y Tullock 1962; Holcombe 2016).